Las multinacionales han recurrido contra el archivo del juez
30 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Varias multinacionales fabricantes de ropa de marca han recurrido contra el auto del juzgado de instrucción número 3 de Vigo que este mes de enero declaró el archivo y sobreseimiento de la causa respecto a 7 comerciantes del mercado de A Pedra y tiendas aledañas que eran investigados por una falta contra la propiedad industrial. Los productos falsificados que decomisó la policía no superaban los 400 euros de valor y los vendedores quedaron exculpados de la falta de piratería porque una reforma legal les beneficiaba. El juez declaró prescrita la falta al haber transcurrido ya el plazo de seis meses desde que arrancó la investigación.
La operación Cuarzo se desencadenó con una redada el 15 de octubre del 2014 que cerró medio centenar de puestos en el mercado y alrededores durante casi un año. Algunas tiendas aún siguen clausuradas.
Hasta el momento, de 80 imputados, al menos una veintena han sido excluidos del caso. Unos expedientes fueron rechazados porque se trataban de cónyuges que tenían un régimen de bienes gananciales con el comerciante investigado y, por tanto, no tenían participación directa. En otros, la Audiencia Provincial declaró que el cierre durante medio año suponía una medida cautelar desproporcionada respecto a la mercancía decomisada, que consistía en apenas una caja con pocas prendas.
Las propietarias de las marcas han reaccionado a las últimas exculpaciones por prescripción y han presentado en los juzgados un escrito para oponerse. Aunque su alegación no ha trascendido, tienen dos vías para argumentar. Por un lado, podrían replicar que ven discutible el informe pericial de la Xunta que cifra en menos de 400 euros el valor de las prendas incautadas a los siete exculpados. Los representantes de las multinacionales de ropa podrían alegar que el valor de la mercancía pirateada es superior y acreditarlo con un informe alternativo de un perito privado.
Esta discusión sobre el valor de las prendas podría llevar a un alto tribunal a reconsiderar la decisión que tomó el juzgado que investiga la causa.
Pero, por el momento, los comerciantes exculpados hasta ahora no han perdido ninguna batalla contra las marcas.
Letrados desconcertados
Algunos abogados consultados muestran su desconcierto por el prolongado cierre de los puestos que ha causado un grave perjuicio económico a los vendedores. «De acuerdo, estaban en el límite de lo legal y lo ilegal pero el cierre es desproporcionado porque la piratería de ropa de marca o el contrabando de tabaco no es un delito reprochado socialmente. De lo contrario nadie compraría esas camisetas que en vez de poner Gucci ponen Gocci y que no engañan a nadie. No son narcotraficantes, son vendedores de ropa y esto se debería llevar por la vía administrativa», razona un letrado en los pasillos del juzgado.
Los jueces mantienen un argumento distinto en base a que la ley establece que el fruto del delito debe ser decomisado, sea ya el yate o el chalé de un narco comprado con sus beneficios ilícitos o el puesto de venta de ropa pirateada. El castigo ha de ser lo bastante disuasorio para que no recaigan en la actividad.
El cierre de A Pedra ha hundido a los pocos comerciantes que fueron autorizados a reabrir y se decidieron a hacerlo. Apenas reciben clientes porque el ambiente es triste, con muchas verjas precintadas por la policía, y muy alejado del bullicio de antaño.