La jueza no ve delito en el traslado del «Alfageme» a Coia y archiva la denuncia

alejandro martínez VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

Un particular señaló que la obra se hizo con con fondos para el alumbrado, alterando precios y violando un acuerdo plenario

25 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

El juzgado de instrucción número 5 de Vigo ha archivado la denuncia penal que pesaba contra miembros del gobierno municipal por el supuesto desvío de dinero público para mejorar el alumbrado público de la ciudad con el fin de destinarlo a la instalación del buque Bernardo Alfageme en la rotonda de Coia. La jueza ha sobreseído el caso con un breve auto en el que expresa que no resulta debidamente justificada la perpetración de un delito. Habían sido denunciados el alcalde, Abel Caballero, y sus ediles Carmela Silva, David Regades y Ángel Rivas. Ninguno de ellos llegó a tener que declarar como imputado.

La denuncia apuntaba una operación de ingeniería contable basada en la alteración del precio de las cosas para llevar a cabo esta actuación que fue objeto de una gran polémica hace un año.

El demandante, Eulogio Abeleira, experto en urbanismo, aportó un documento para demostrar que la adecuación y traslado del pesquero hasta la rotonda fue una de las actuaciones de mejora de servicios que propuso la empresa Imesapi para conseguir una prórroga de dos años en el contrato del alumbrado público. Un representante de esta empresa ofreció en junio de 2014 destinar 200.000 euros a la partida de «adecuación e traslado do buque Alfageme», dentro de un paquete de mejoras valoradas en 842.000 euros para «melloras das instalacións de alumeado público da cidade». Posteriormente, este concepto desapareció en el listado de actuaciones que fueron aprobadas por el gobierno. Para mantener el coste de la inversión aparecieron infladas otras partidas. En la propuesta inicial se preveían gastos de 165.000 euros para sustitución de grupos ópticos, 200.000 para reposición de equipos y 90.480 para sustitución de luminarias. Estas partidas se elevaron hasta los 173.000, 277.000 y 130.000, respectivamente.

Acuerdo plenario

La denuncia también se basa en el presunto incumplimiento de un acuerdo de la corporación municipal adoptado en el año 2005. De acuerdo con el acta de aquella sesión, los concejales asumieron el compromiso de que el importe total de las obras no sobrepasaría los 275.000 euros. Además quedó aprobado que la rehabilitación no debería cerrar la posibilidad de nuevas actuaciones para permitir visitas públicas y que el barco quedaría expuesto en tierra, dentro de un espacio público próximo al litoral.

Según la denuncia que fue presentada, no se cumplió ninguno de estos compromisos. La ejecución del proyecto costó cerca de un millón de euros y la embarcación se acabó colocando lejos del litoral, dentro de una rotonda donde nunca podrá ser visitado por el público al carecer de accesos peatonales. Tras el archivo, deberá ser la audiencia provincial la que se pronuncie sobre la misma debido a que el denunciante ha presentado un recurso ante este órgano jurisdiccional.

Además de recordar los presuntos hechos delictivos, alega la falta de motivación en la contestación, dado que carece argumentación jurídica alguna. Por otra parte, el sobreseimiento no fue notificado en tiempo, sino que tuvo que ser reclamado mediante una solicitud presentada el pasado 27 de noviembre.

El denunciante ha presentado un recurso ante la audiencia provincial