El Concello busca financiación en un programa de la Unión Europea que propone la participación ciudadana
19 ene 2016 . Actualizado a las 11:30 h.No es la intención amargarles el día, pero Vigo envejece. Como ciudad y como población. Nuestra orografía accidentada implica serios problemas de movilidad. Los índices de emigración aumentan y nuestra economía pierde peso, a lo que se suma un aumento exponencial de la tasa de paro. Por si fuera poco, se incrementan los índices de contaminación ambiental y de contaminación acústica. Semejante diagnóstico no invita a hacer una fiesta, pero si tienen alguna objeción les remito a la fuente: el Concello de Vigo.
Este diagnóstico es un requisito imprescindible para la presentación que hará Vigo de una propuesta para acceder al programa Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), integrado en el programa Feder, cuyo nombre no significa que huelan mal, sino Fondos de Desarrollo Regional de la UE. Este programa contempla muchos ámbitos de actuación, que deben ser complementarios aunque con distinto rango de prioridad. Abarcan desde la cohesión e igualdad social a la regeneración urbana y medio ambiente, pasando por la economía baja en carbono o el empleo y el emprendimiento. Todo ello con un presupuesto que no está mal: 18 millones de euros, de los que Europa pondría 15.
Con base en este programa nuestra ciudad apuesta por dar un impulso hacia arriba, al Vigo vertical, y mejorar la accesibilidad para salvar los desniveles orográficos, eso sí, siempre desde un punto de vista sostenible. La accesibilidad y la sostenibilidad son derechos fundamentales y complementarios, pero algunas veces entran en colisión y no siempre resulta sencillo encajar. Instalar, por ejemplo, un funicular hasta el Everest sería un gran avance para garantizar su accesibilidad universal, pero difícilmente podría defenderse ambientalmente. Vigo tiene, a su escala correspondiente, sus propios problemas de alpinismo, como bien sabemos quienes realizamos ascensiones peatonales desde el litoral a sus zonas altas.
El programa Edusi contempla los mencionados ámbitos de actuación, pero indica que deben ser priorizados, y ahí la cosa funciona según el criterio que cada cual decida aplicar. Hay ayuntamientos que priorizan la parte social o la ambiental o las energías renovables, etc. Nuestro Concello no se olvida de todas estas cosas, como no podría ser de otra forma para acceder a los fondos, pero priorizó ante todo los ascensores y las escaleras mecánicas. En cuanto a accesibilidad, fundamentalmente para personas con movilidad reducida, es sin duda una buena noticia, aunque el balance energético de todo ello nos salga a deber. Pero, efectivamente, Vigo tampoco es un ecosistema virgen y, ya puestos a tener el récord de emisiones de CO2, pues al menos que nadie nos quite el puesto. Digamos que es una opción.
Una pregunta pertinente sería: ¿Y quién decide estas cosas? La respuesta parece obvia: sin duda, el gobierno municipal. Pero las cosas no siempre son como deberían ser. Presentar la documentación pertinente para acceder a estos proyectos es complejo, y claro, puede pasar que olvides algún detallito sin importancia. El problema es que olvidar ese detallito ya es un mal endémico en nuestro Concello: la ausencia de participación pública. Si revisamos los criterios de obligado cumplimiento para acceder al programa Edusi, encontramos esta hermosa frase: «Contando a lo largo de todo el proceso con la participación pública y buscando la máxima implicación de los agentes locales». No podemos estar más de acuerdo con este criterio que, por cierto, citamos literalmente de la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias que preside nuestro alcalde. Si tienen curiosidad les invitamos a que revisen las webs de otros ayuntamientos que acceden a este programa. Encontrarán páginas específicas para que la ciudadanía opine, proponga, vote. Verán procesos de participación pública abiertos y anunciados en redes y medios de comunicación. Lo que dicen que hay que hacer por simple talante democrático e imperativo legal (por esa incómoda Ley 27/2006). A partir de ahí hagan lo propio en el caso de Vigo, y ya saben, las comparaciones es lo que tienen.
Otra pregunta pertinente sería: ¿Alguien en el proyecto Edusi y en el programa Feder verificará si se cumplió ese preceptivo criterio por parte de nuestro Concello?