La Audiencia sentará en el banquillo a fin de mes a los antiguos directivos del grupo
11 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Veinte años después de presentarse la denuncia y con varios denunciantes y testigos fallecidos,la Audiencia Provincial abrirá juicio a fin de mes por la presunta venta fraudulenta, de Grupo de Empresas Álvarez, que el Instituto Nacional de Industria (INI) entregó en 1991 a precio de saldo a unos empresarios que se van a sentar en el banquillo, acusados de los delitos de alzamiento de bienes, apropiación indebida y estafa.
La vista oral tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de este mes. El INI, dependiente del Estado, vendió en octubre de 1991 por 0,6 millones (100 millones de pesetas de entonces) el Grupo de Empresas Álvarez a la compañía Pickman S.A, una fábrica de loza de la cartuja de Sevilla. La venta se produjo justo después de que el instituto invirtiese más de 74 millones de euros en sanear y dotar al grupo ceramista de tecnología puntera, con hornos de últimos generación.
El pago de GEA se hizo presuntamente con dinero de la propia empresa. «Pese a la precaria situación financiera de GEA, con cuantiosas deudas, los acusados José Orozco Rodríguez Mancheño, Mariano y Francisco Jiménez Ambel concibieron la idea de obtener un beneficio patrimonial ilícito mediante la transferencia del patrimonio de GEA a Estudesa S.A. y Pickman S.A., en perjuicio de los numerosos acreedores del Grupo Álvarez», señala el fiscal en su escrito de acusación.
El ministerio público pide para estos tres acusados tres años de cárcel para cada uno y la acusación particular 22 años, y extiende la acusación también a Vicente Mata y Enrique Fidel Tatay Huici.El escrito de acusación señala que Francisco Jiménez Ambel perjudicó a los trabajadores de la empresa y a otros acreedores como el Ayuntamiento de Vigo y la Seguridad Social-. Posteriormente Ambel cedió GEA a Corvagal, la empresa de Enrique Tatay Huici.
Los hermanos Ambel y José Orozco constituyeron Vidrios Automáticos del Noroeste (Vanosa) en 1993. El capital de Vanosa era la finca de GEA -hoy abandonada y con los edificios en ruinas-. Los acusados solicitaron un préstamo de 2,7 millones de euros al Banco Exterior de España y como garantía establecieron los terrenos de la fábrica, valorados entonces en 5,3 millones de euros. Pero, según Ricardo Domínguez, uno de los denunciantes «el dinero nunca entró en la fábrica». Los trabajadores denunciaron ante la fiscalía en abril del 1996. El Grupo de Empresas Álvarez y Vanosa fueron declarados en suspensión de pagos. En el año 2001, cerró la fábrica dejando en la calle a 1.060 personas.