El juzgado detecta una media de tres incidencias cada día que incrementan la carga de trabajo
24 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Los fallos continuos en las pulseras de localización GPS que deben utilizar maltratadores de Vigo entorpecen el trabajo de los funcionarios del juzgado de violencia sobre la mujer. Este fue uno de los aspectos que ayer se abordaron en el transcurso de una mesa redonda organizada por el comité de huelga de los trabajadores de dicho juzgado y representantes de la asociación Centro de Acción de Violencia de Galicia (Ceavigal). Las pulseras provocan incidencias porque, según confirmó un agente de la Policía Nacional, miembro del sindicato SUP, en la ciudad existen numerosas zonas de sombra donde se pierde la cobertura. Estas áreas donde cae el servicio se encuentran sobre todo en las zonas rurales. Peinador es una de las áreas más castigadas, según apuntó, Beatriz Pérez Martínez, mediadora social. Los funcionarios de justicia se quejan de que estas anomalías suponen una sobrecarga de trabajo, puesto que hay que comprobar cada una de las irregularidades que se detectan, lo que les obliga a localizar y consultar a las víctimas y a maltratadores para confirmar que no ha habido incumplimientos.
Los juzgados registran una media de tres incidencias diarias por este motivo, según expusieron funcionarios de justicia en el transcurso del coloquio. Actualmente cuatro maltratadores portan este sistema de localización y está en marcha la tramitación de una quinta solicitud.
Este sistema permite avisar a la víctima y alertar al mismo tiempo a las fuerzas de seguridad. El agresor lleva colocado el brazalete y la víctima un móvil que recibe un aviso cada vez que se supera el límite de seguridad, establecido en la orden de alejamiento. El móvil está a su vez conectado con la policía para recibir dicha alarma en caso de que haya un acercamiento. Los fallos que presenta este procedimiento de localización son solo un botón de muestra de un sistema que no está funcionando para proteger a las víctimas.
Los asistentes al coloquio apuntaron la necesidad de protocolos de actuación coordinados, formación específica, una apuesta política para erradicar la violencia sobre la mujer, una mayor inversión en medios y la protección de la intimidad de las víctimas en hospitales, comisarías o juzgados, donde las instalaciones no están preparadas.