La reforma legal obliga desde ahora a los instructores a agilizar sus pesquisas
09 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Una jurista entra en una librería y pregunta por el nuevo código de Enjuiciamiento Criminal y otros dos tratados legales. «Es que han aprobado tres leyes nuevas el mismo día», se justifica la experta. Una de las reformas que entró en vigor este puente obliga a los jueces a investigar un delito o hacer una diligencia en un plazo máximo de 6 meses si es un asunto sencillo y 18 meses si es complejo. Si el autor del delito es desconocido, se archivará. Este podría ser el caso del tiroteo a los feriantes en el túnel de Valadares hace unos meses.
La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, redactada en el siglo XIX, señala que «las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas».
Esta medida afecta a los ocho jueces de instrucción de Vigo y a la magistrada de violencia sobre la mujer. Entre los nueve investigan 55.400 nuevos asuntos al año, mil de ellos de malos tratos. Cada juez de instrucción recibe entre 6.300 y 7.000 asuntos nuevos al año y resuelve aún más. La mayoría son pequeñas faltas (ahora delitos menores) por insultos (desaparecen como infracción penal), amenazas, accidentes de tráfico con heridos y coacciones. También examinaron delitos de robos y atracos, estafas, lesiones o quebrantamientos. En general, se trata de casos sencillos. El problema surge con los sumarios, caso de homicidios, narcotráfico o delitos económicos. Solo la jueza de malos tratos investiga a la vez dos intentos de asesinato y tres crímenes machistas. La complejidad puede declararse por causas sobrevenidas a la investigación.
A partir de ahora, los jueces de Vigo tendrán seis meses como máximo para resolver estas diligencias y sumarios y dejar el expediente listo para que el fiscal acuse y vaya a juicio. Algunos jueces consultados señalan que, si por ellos fuese, resolverían estos casos graves en menos de medio año pero otros factores contribuyen a retrasar la investigación. Por ejemplo, una vez que el juez tiene el atestado policial en la mesa y ha interrogado al sospechoso y a los testigos, podría sentarse a escribir el auto para mandarlo a juicio. Sin embargo, las investigaciones se demoran porque el fiscal pide pruebas, hay que esperar a que los peritos valoren las lesiones o daños causados, a los informes forenses o los análisis de los laboratorios centrales de Madrid. Una prueba balística o un análisis de ADN puede demorarse meses, por encima del plazo que prevé la ley.
Por eso, si el caso es un sumario muy complejo, con numerosos imputados, los jueces de instrucción van a tener que pedir una prórroga. Basta con pensar en investigaciones de narcotráfico con toneladas de cocaína como el Ratonero o el Riptide, causas como Las 5 Jotas con 200 empresarios implicados en una trama de facturas falsas, el caso Patos con 50 políticos, funcionarios y constructores investigados por enchufes y amaño de concursos o la redada de A Pedra, con 80 vendedores sospechosos de vender ropa falsa.
En la práctica, los casos graves con presos preventivos que se están enjuiciando en la Audiencia suelen tardar dos años o más en celebrarse, como el reciente caso del narcobarco Riptide.