Una comunidad de vecinos denunció los problemas que generan los coches
28 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Un juez de Vigo ha concedido un mes de plazo al Concello para que tome medidas a fin de reducir el ruido que genera el tráfico rodado en la Alameda y García Olloqui. Se trata de una novedosa sentencia del titular del juzgado de contencioso administrativo número 1, que atiende la demanda presentada por la comunidad de propietarios del número 33 de García Olloqui.
Estos vecinos se quejan de una elevada contaminación acústica y de las vibraciones que padecen en un inmueble construido en 1912, y han conseguido demostrarlo ante el juez asesorados por el letrado David Arjones, responsable de urbanismo en el despacho de Eugenio Moure. No obstante, la solución podría demorarse mucho más del mes que establece el juez ya que el fallo es apelable ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
El magistrado, Luis Ángel Fernández Barrio, abre un amplio abanico para que el Concello resuelva el problema de los denunciantes. En concreto, actuando sobre el pavimento, la regulación del tráfico «o cualesquiera otras necesarias para reducir las emisiones acústicas y vibraciones sufridas en el interior de las viviendas (...) provenientes del tráfico rodado» para que queden por debajo de los niveles máximos establecidos en la normativa vigente.
Antes de llegar a esta solución los vecinos intentaron una solución extrajudicial. Para ello, en marzo del año pasado expusieron al Concello los problemas que les generaba el incremento del tráfico rodado. Exponían los inconvenientes de que los coches circulen sobre adoquines, el volumen de tráfico que genera el cercano centro comercial A Laxe y el elevado número de autobuses y transportes pesados que circulan por esta calle. Incluso alegaban que el volumen de tráfico había traído aparejadas grietas en la estructura del inmueble.
Al no obtener respuesta acudieron al Valedor do Cidadán, quien encargó un informe a una empresa especializada. En febrero de este año, dicha firma detectó niveles de ruido superiores a los considerados como admisibles. Un estudio posterior encargado a otra sociedad por los vecinos confirmó este dato y la existencia de vibraciones.
Tras ello, el juez ha exigido la adopción de medidas inmediatas. No acepta las explicaciones municipales de que desde el 2007 ha reducido la velocidad en la zona a 30 kilómetros hora a la vez que priorizaba la circulación peatonal. «Los hechos han demostrado que tales hechos no han sido suficientes ya que la reducción del ruido y vibraciones procedentes del tráfico no ha alcanzado los parámetros previstos en la propia normativa municipal». La recuperación del doble sentido de circulación en esta calle es otro dato que ha tenido en cuenta el juez.