¿Usted sabe para qué sirve la Delegación de la Xunta de Galicia en Vigo? Yo no, y llevo preguntándomelo desde abril del año 2009. O llevaba. Porque desde ayer ya lo sé.
Feijoo creó la Delegación de la Xunta con la difusa idea de adelgazar la nómina de políticos sostenidos con erario público. Hasta entonces, cada consellería tenía un delegado por provincia y algunos de los de Pontevedra tenían su despacho en el edificio ilegal de Montero Ríos. Desde abril del 2009 hay un delegado único para todos los departamentos, pero tiene un jefe territorial para cada consellería. Afín al partido, claro. A eso se le llama ahorro.
Desde que se creó, el cargo de delegado del Gobierno gallego en Vigo lo han desempeñado tres personas: Lucía Molares, María José Bravo Bosch e Ignacio López-Chaves.
La primera no paraba. Cuando no estaba inaugurando un curso de ganchillo, acudía a algún pueblo a supervisar cómo los obreros rellenaban algún bache con pichi. Tamaña era su responsabilidad.
De la segunda sabemos dos cosas: que una vez dijo que Vigo no tiene políticos «a la altura de lo que merece» y que ahora está imputada en un caso de corrupción por su labor política. Creo que es mejor no añadir nada.
Pero es el tercero el que me ha dado la clave. Ignacio López-Chaves dejó claro ayer cuál es su función. El delegado de la Xunta en Vigo acudió a comer al comedor de un colegio público de Vigo y luego se lo contó a los medios, con las fotos de rigor. Suponemos que pagó de su bolsillo, como los papás de todos los alumnos. Según la nota de prensa de la Xunta, López-Chaves ingirió «potaxe de garavanzos, fideuá e, de postre, froita». Un acto heroico.
Así que, ¿para qué sirve un delegado de la Xunta en Vigo? Pues eso, para comer.
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