Fiscal y jueza recalcan al TSXG la falta de medios en maltratos

E. V. PITa VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

PITA

El Ministerio Público alerta del «repunte» de violencia y agresiones sexuales

06 nov 2015 . Actualizado a las 09:25 h.

El fiscal de malos tratos de Vigo, Alberto Valle, reclama más medios para el juzgado de violencia sobre la mujer de la ciudad. La petición del Ministerio Público coincide con la de la jueza Paz Filgueira, que ha solicitado ayudante de refuerzo porque este año tiene que investigar la mitad de los crímenes machistas de Galicia. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) alega que ese juzgado tiene menos pleitos que la media y ve prioritario destinar el refuerzo a los casos de A Pedra y Patos. No obstante, el TSXG da la oportunidad a la jueza Filgueira de volver a reiterar su petición. Ella lo hará en base a que «o que temos aquí é traballo real que non se pode levar, vou volver pedir un pequeno apoio porque houbo un cambio notable das circunstancias do xulgado».

El fiscal aclara que habla de su visión personal, que no tiene por qué coincidir con el criterio oficial de su jefatura. «Hacen falta policías, forenses, más equipo psicosocial. Operamos como podemos en un momento en que, por desgracia, vivimos un repunte [de la violencia machista] en Vigo y toda España. Los medios que se puedan aportar influirán en los profesionales», dice Valle.

«Apoyo a la jueza en su petición de refuerzos y más medios. Este juzgado se ve desbordado por causas muy graves que están entrando», afirma Valle, que lleva dos años en este tribunal. «No es que se hayan incrementado las denuncias, si no que este año se está notando que son hechos más graves. Desde que en la primavera apuñalaron a la enfermera de Povisa, han entrado casos muy graves. Entre las causas vivas hay tres homicidios, ataques a la libertad sexual y siete presos preventivos que aumentarán en breve», dijo.

«Estudiar estos casos requiere tiempo, son bastante importantes, no solo los homicidios y las tentativas, no se tramitan en unos meses pues requieren informes psicosociales. A todo ello se suma que la nueva ley obliga al juzgado a examinar también los casos de quebrantamiento de las órdenes de alejamiento, incluidos los supuestos más simples, que antes cursaban los jueces de instrucción. La finalidad es que el juzgado tenga un mayor control sobre las causas de violencia machista. A la carga de trabajo se suma que el juzgado asumirá las agresiones a menores que son hijos de maltratadas, «lo que influirá en el número de trámites». El fiscal concluye: «Está claro que no hay medios para atender estos casos, se podrían adoptar más medidas, lo que influirá en mi trabajo también».

Añade que además falta espacio. Las salas de los detenidos son «pequeñas» y no están separadas de las de las víctimas. El fiscal observa que la violencia machista no sigue un patrón: «Afecta a todas las clases sociales, todo el abanico de edades y tipos de pareja». Y lanza un mensaje a las víctimas: «La tolerancia con los maltratos empeora la cosa, ante estas situaciones de miedo, es mejor denunciar, nosotros estamos para trabajar para ellas».

Algunos abogados critican que, tras el doble crimen de Moraña, los jueces gallegos se han vuelto muy cautos y están firmando casi todas las órdenes de protección. Un detenido de Vigo se queja de que, hace días, le ordenaron alejarse en contra del criterio del fiscal y sin pruebas. Había denuncias cruzadas por agresión.

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SOS Xustiza asegura que Vigo no está tramitando expedientes de nacionalidad

La plataforma SOS Xustiza indicó que, desde el 15 de octubre, el Registro Civil de Vigo no ha tramitado ni un solo expediente de solicitud de la nacionalidad española. Esta circunstancia es común a todos los juzgados de este tipo en España. La razón es que en esa fecha entró en vigor la nueva ley y asegura que la concesión de nacionalidades solicitadas en el 2014 va muy lenta y la tramitación de los del presente año ni siquiera han comenzado.

En el caso concreto de Vigo, fuentes judiciales ya habían advertido recientemente de que el registro civil estaba desbordado por una avalancha de solicitudes antes de que entrase en vigor la ley. La portavoz de SOS Xustiza, Yolanda Aguiar, denuncia el «caos» existente porque no existe un reglamento de dicha ley y los expedientes se encuentran en un vacío legal, algo «insólito».

300 euros en tasas

Los extranjeros que soliciten la nacionalidad deben pagar más de 300 euros para tramitar el expediente que antes era gratuito. Los candidatos tienen que abonar 100 euros de tasas, 84 euros por la matrícula del examen de cultura general y 120 euros por hacer la prueba de conocimientos del idioma español. SOS Xustiza había denunciado que la encomienda de estos trámites de nacionalidad a los registradores de la propiedad ascendía a 4 millones de euros y el Gobierno le reconoció que esa fórmula «colapsó» el sistema.