Un tiroteo en la circunvalación de Vigo y un herido de bala son argumento suficiente para que la ciudadanía esté alarmada. Pero lo que de verdad da pánico en la escalada de violencia en el conflicto entre dos colectivos gitanos es la impresión de inacción que transmiten la Fiscalía, la Subdelegación y la Delegación del Gobierno. Llevan muchos meses en los que parecen desentenderse de este tema.
En un país donde se procesa a mucha gente por escribir un tweet, se permite que un ciudadano haga públicas amenazas con total impunidad: «Aquí puede haber muertos» o «alguien puede esperarlos en la esquina con una pistola». Y que, cuatro días después de decir esto, acribillen a balazos una furgoneta. Y el ministerio fiscal mira para otro lado.
El pasado año, ya resultó muy llamativa la indiferencia de la Fiscalía Superior de Galicia ante el exilio, tras recibir amenazas de muerte, de 410 ciudadanos de etnia gitana que vivían en O Porriño. Los padres se quedaron sin empleo y los niños sin escolarizar. Más de un mes estuvieron fuera de sus casas en el polígono de Torneiros. Mientras, el más significado portavoz del clan rival justificaba la medida «como algo natural en la cultura gitana». Lo desmintieron varios colectivos serios, entre ellos el Secretariado Gitano.
En cualquier caso, desterrar a las personas atenta, no ya contra el ordenamiento jurídico y la Constitución española. Es que es inadmisible para la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por mucho que lo autorice un consejo de ancianos y un rey, que en palabras del portavoz de los desterradores «son como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional». Mentándose a tan altas instancias, pudiera ser que estas sean las declaraciones que han llegado a la Fiscalía Superior de Galicia a inhibirse.
Aquel escándalo quedó en nada. Un mes después, se permitió regresar a sus hogares a los 410 exiliados. Tras firmarse un acuerdo de buena convivencia.
Pero el caso no fue resuelto. Quedó latente mientras una de las partes en conflicto montaba un circo en la campaña electoral de las recientes elecciones municipales. Superadas las urnas, y recibido el infinitesimal número de votos que hacía presagiar el sentido común, regresa el escándalo. Y lo hace ahora con batallas campales y heridos en el mercadillo de Cangas. Amenazas en el mercadillo de Coia una semana después. Y un tiroteo en la circunvalación de Vigo, con un herido de bala. Y el agravante de que los pistoleros dispararon a matar.
Lo más asombroso es que no pasa nada. Imaginamos que la Fiscalía Superior de Galicia estará preparando una nueva ceremonia en la que los contendientes se den un besito. Confiemos en que no haya muertos mientras esperamos tan tierna escena.
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