Operación Patos: La Fiscalía solicita la imputación de Caballero, Louzán y otras 47 personas

Implica a políticos, funcionarios y constructores en la red de tráfico de influencias del caso Patos, que salpica a seis concellos, la Xunta y la Diputación de Pontevedra

Te cambio pluma por contrato La Fiscalía pide la imputación del alcalde de Vigo y del expresidente de la Diputación de Pontevedra

VIGO / LA VOZ

La Fiscalía de Delitos Económicos de Vigo, que investiga la trama de tráfico de influencias destapada en la operación Patos, ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo que impute a otras 49 personas. Entre ellos está el alcalde de Vigo, Abel Caballero, por aceptar, supuestamente, un reloj y una estilográfica como regalo navideño, y el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, por una presunta concesión irregular de obras. El alcalde de Vigo negó ayer «con toda contundencia e de xeito categórico» haber recibido ningún regalo de Eiriña.

Cinco implicados ya estaban incriminados desde el 2014 y se solicita que cuatro de ellos vuelvan a declarar. El fiscal también pide procesar a 9 cargos políticos más, 11 funcionarios o técnicos, 22 empresarios de la construcción, 3 trabajadores contratados, y seis miembros de un tribunal de calificación de empleo de Nigrán, entre otros. Destacan el exvicepresidente de la diputación y concejal de Vigo, José Manuel Figueroa, la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo, y los concejales vigueses Ángel Rivas, David Regades e Isaura Abelairas, el exalcalde de Nigrán, Alberto Valverde Pérez, y el exconcejal de Obras nigranés José Álvarez Valverde (imputado desde febrero del 2014).

La jueza decidirá esta semana si confirma tales imputaciones. La investigación comenzó en el 2013 con escuchas telefónicas al administrador único de la constructora Eiriña, Enrique Alonso Pais, considerado como el cerebro de la trama. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), con base en A Coruña, se basa en documentos requisados en esa empresa y Cespa y en despachos de 6 concellos. En Vigo, sacaron papeles de la delegación de la Xunta, el Consorcio del Casco Vello, la Autoridad Portuaria y la Diputación de Pontevedra.

Pais habría agasajado a cargos políticos y funcionarios por tener acceso a las ofertas rivales en concursos públicos o ejecutar obras sin previa contratación.

El fiscal ha eximido de culpa al Consorcio de la Zona Franca de Vigo, donde no halló material comprometedor, y a tres empresas que habrían pactado subir los precios a Aqualia para la recogida de lodos en 18 depuradoras gallegas porque no fue un concurso público ni una subasta.

El número de investigados será aún mayor porque el fiscal ha pedido la creación de piezas separadas sobre contratos y obras irregulares en los concellos de Ponteareas, Ourense, Santiago y Pontevedra. Quedarían fuera del ámbito territorial de la jueza de Vigo, que se centrará en la pieza principal y Nigrán.

Varios imputados, como Rafael Louzán o el alcalde de Vigo, aparecen en una lista incautada a Pais. Tenía anotados sus nombres para enviarles regalos «especiales» en Navidad. Solo son delito las prebendas aceptadas después del 2009, pues no han prescrito. En la lista aparecen otros políticos para los que, de momento, el fiscal no pide la imputación, como Agustín Hernández (un reloj de 3.600 euros en el 2009, cuando era conselleiro), su sucesora Ethel Vázquez, Corina Porro y otros.

Concello de Vigo

Abel Caballero y tres concejales. El fiscal quiere interrogar al alcalde de Vigo sobre un reloj valorado en 1.750 euros que habría recibido como agasajo navideño en el 2010 y una pluma de oro y plata en el 2009. Por su elevado precio, un funcionario o autoridad nunca debe aceptarlo. El fiscal también pide que declare Isaura Abelairas porque Eiriña le habría regalado un collar y pendientes en el 2010 y una pluma de oro y plata en el 2009. En el informe policial hay una factura de rectificación de la pluma de Caballero por 1.500 euros. En el Concello de Vigo no consta la entrada del reloj.

También propone que el concejal de Parques y Jardines, Ángel Rivas, imputado en la operación Hormigón, responda respecto a la contratación de plantaciones en la avenida de Castelao, la ampliación del contrato de mantenimiento de jardines y la realización por Cespa de pagos que corresponderían al Concello de Vigo como publicidad institucional, colaboraciones o pago de viajes de personal del Concello y la recepción de regalos de Eiriña.

El concejal de Fomento, David Regades, debería aclarar unas supuestas irregularidades en un centro de Interpretación de Vigo y la Ría y varias reformas de calles. Los tres concejales reiteraron ayer su inocencia. Además, el fiscal quiere recabar el expediente de contratación de obras en el estadio de Balaídos.

Diputación de Pontevedra

Rafael Louzán. El expresidente debería aclarar contratos en el campo de fútbol de Moraña, Coia y Coruxo, el abastecimiento de Nigrán, Olveira y Poio, un puente en A Estrada, la reforma del centro social de Pena Moura o el acondicionamiento de áreas en Chans, Bembrive y su capilla, y regalos. Figueroa respondería por Coia.

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