Mil despedidos han solicitado en Vigo este año embargar los bienes de su empresa

Las sociedades no abonaron la indemnización que el juez ordenó en la sentencia


vigo / la voz

Más de un millar de trabajadores despedidos en Vigo acudieron este año al juzgado para pedir el embargo de las cuentas y bienes de sus respectivas empresa porque las firmas no les pagaron la indemnización que ordenó el juez en la sentencia.

Las ejecuciones de sentencia se piden porque el tribunal reconoció que el despido era improcedente pero las empresas condenadas eludieron el pago, bien porque quebraron, porque dieron largas o porque no abonaron ninguna cantidad sin dar explicaciones. Incluso hay casos en los que las empresas incumplen los acuerdos que ellas mismas firmaron en un convenio con el trabajador despedido en una conciliación en el Smac en las que ambas partes querían evitar tener que ir a un juicio.

En lo que va de año, un total de 1.061 trabajadores de Vigo pidieron a los juzgados de lo social que ejecutasen la sentencia para reclamar el dinero que le adeuda la empresa, una cifra que es un 10,95 % inferior que hace un año. Además, otros 36 exempleados pidieron la ejecución de acuerdos de despidos del Smac, ocho menos que hace un año.

Esta caída de ejecuciones se corresponde con la reducción del 11,67 % de demandas relacionados con los despidos. Las 814 demandas de extrabajadores presentadas entre enero y septiembre del 2014 se redujeron a 719 pleitos en este ejercicio.

Fuentes jurídicas señalan que los juzgados logran hacer pagar a menos de la mitad de las empresas que incumplen la indemnización fijada. Son aquellas que todavía conservan bienes y cuentas bancarias a su nombre y que los funcionarios pueden rastrear a través de las bases de datos de Hacienda, con las que están conectados. La búsqueda de depósitos solo abarca el territorio nacional por lo que si una empresa tiene ahorros ingresados en bancos de Portugal o Suiza queda fuera del alcance del juzgado de Vigo. Una vez que los empleados judiciales descubren dinero a nombre de una sociedad morosa, cursan una orden al banco para que bloquee la cantidad correspondiente a la deuda.

A veces, las pesquisas se tornan más difíciles porque la empresa ha creado una segunda sociedad paralela a la que ha traspasado sus bienes y fondos en previsión de que la matriz iba a quebrar y tener problemas con los acreedores. Los abogados de los extrabajadores suelen detectar la trampa y alertan al juzgado para que compruebe si existe relación entre los titulares de ambas firmas y embargue sus depósitos bancarios o propiedades. Otras veces, la nueva sociedad o parte de los bienes están a nombre de un familiar del administrador y propietario real, por lo que también llevan tiempo las averiguaciones.

En el 60 % de los casos restantes ocurre que la ejecución de la sentencia no se puede llevar a cabo porque las empresas están arruinadas y carece de bienes. Cuando es evidente la insolvencia, el juzgado expide una carta al extrabajador para que reclame su indemnización al fondo de garantía salarial (Fogasa). Finalmente, el exempleado cobra sus salarios y pagas atrasados, aunque no toda la parte que le hubiese correspondido.

Un tercio de todas las ejecuciones de sentencia laboral se dirigen contra entidades de la Administración como puede ser la Xunta, los ayuntamientos de la comarca y la Universidade. Suele ocurrir que estos organismos públicos dilatan los pagos y entran en una situación de morosidad, según acreditan fuentes judiciales.

Menos pleitos

La litigiosidad laboral se ha reducido en el último año. Los pleitos laborales en lo que van del 2015 han disminuido, al pasar de 3.886 casos a 3.443 respecto a hace yb año, con un descenso de actividad del 11,39 %.

Las reclamaciones por despidos y por salarios también han bajado en el último año. Solo suben las demandas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, modificaciones sustanciales de las condiciones laborales o desacuerdos con las fechas de vacaciones.

Los juzgados usan una base de datos de Hacienda para rastrear cuentas

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