La plataforma de afectados por la hipoteca ha paralizado 50 desahucios en lo que va de año

María Jesús Fuente Decimavilla
maría jesús fuente VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

M. MORALEJO

Negociará que los pisos que han sido desalojados se puedan volver a adquirir por familiares a través del Sareb

06 may 2015 . Actualizado a las 04:00 h.

Los desahucios siguen existiendo y buena muestra de ello es que la plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) ha paralizado ya en lo que va de año medio centenar en el área de Vigo. Dos de ellos han sido en los últimos quince días. En un caso se ha logrado negociar con la entidad bancaria un alquiler social y en el otro se ha solicitado una prórroga.

Carlota Pérez, portavoz de la plataforma, reconoce que en la actualidad es más fácil negociar que cuando empezó a registrarse este fenómeno a raíz de la crisis económica. Detecta una actitud más abierta al diálogo, tanto por parte de los jueces como de las entidades bancarias. «Ahora no es tan complicado parar los desahucios porque disponemos de más herramientas a nivel judicial. Los jueces están más sensibilizados a la hora de buscar una solución siempre que se trate de una primera vivienda, aunque, salvo alguna excepción, la última palabra es del banco», comenta.

La plataforma suele negociar al mismo tiempo con el banco y el juzgado prórrogas y recursos.

«Los bancos no quieren mala prensa ni que se les acuse de lo que hacen y prefieren solucionarlo de otra forma», añade la portavoz de afectados por la hipoteca.

Apunta que las viviendas procedentes de los desahucios las adquiere el banco y se venden a la sociedad de gestión de activos o Sareb (conocida también como banco malo) a precios irrisorios. «Conozco el caso de un afectado que logró recuperar su casa por diez mil euros», confiesa Carlota Pérez.

La apertura de una oficina de la Sareb en A Coruña permitirá a la plataforma entablar negociaciones con sus responsables para que los desahuciados puedan recuperar sus pisos, aunque sea a nombre de sus hijos. De esta forma pretende abrir otra vía de negociación que se sumaría a las empleadas hasta la fecha. Todo, con tal de paralizar unos procesos que consideran sangrantes y que, pese a la lucha ejercida desde la entidad, no ha podido evitar que algunos ciudadanos se quedaran en la calle.

A los desahucios de hogares se suma otra problemática. La de aquellas personas que no pueden pagar servicios como el suministro de electricidad.

El dato del número de personas a las que se les ha cortado este servicio es desconocido para las entidades sociales de la ciudad, pero calculan que pueden ser decenas. Para remediarlo la Xunta creó el tique eléctrico, un remedio que no ha satisfecho a la mayoría de los colectivos por entender que requiere de mucha burocracia y que solo se puede solicitar vía telemática, un impedimento para muchos de los solicitantes. A esto se sumó el pasado año el colapso de los servicios sociales del Concello de Vigo, a los que correspondía expedir el informe social, de ahí que en la convocatoria de este año se haya eliminado ese requisito.

«Estoy aterrada por el acoso que sufro»

Tiene una deuda con la comunidad de vecinos de 11.000 euros correspondiente a las cuotas y a dos derramas, por la que le han embargado la vivienda. Los 425 euros que tiene para vivir M. T. M. no le dan para saldarla. Ha solicitado que se segregue de la propiedad la plaza de garaje para venderla y con parte de ese dinero, saldar la deuda. Pero la comunidad de propietarios no ha accedido. Está convencida de que lo que quieren la mayoría de los vecinos es que se vaya. «Me han arruinado la vida, quieren que me desahucien y dejarme sin derechos sobre el piso. Esto es un calvario, estoy aterrada por el acoso que sufro y de imaginarme en la calle; me hacen la vida imposible», comenta. Admite que ella y uno de sus hijos, que acaba de partir para Alemania, han llegado a pasar hambre. Si se queda sin la vivienda tampoco podría pagar el alquiler de otra con el dinero que recibe al mes, de ahí que cada vez que lo piensa se ponga más nerviosa. Está dispuesta a poner una querella criminal para denunciar las vejaciones a las que está siendo sometida. Advierte que en el caso de que se vaya de la vivienda no lo hará sin mirar atrás. «No puedo perdonar el daño que me han hecho a mi y a mi hijo», concluye.