El Concello prorroga el contrato de jardines ante el fiasco del concurso

Cespa seguirá cuatro meses más tras la segunda suspensión del proceso


vigo / la voz

La renovación del contrato de gestión de las zonas verdes de Vigo se le ha atravesado al gobierno municipal. No se recuerda en el Concello un caso similar de un pliego de condiciones que haya sido cambiado hasta en tres ocasiones y que, pese a ello, esté suspendido por segunda vez por el Tribunal Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda.

Ante este nuevo traspiés, el gobierno de Abel Caballero ha tenido que actuar a toda velocidad para que los jardines de Vigo no queden sin mantenimiento. Sin publicidad ni aviso alguno, en la noche del lunes reunió a la comisión de gobierno para acordar una prórroga de cuatro meses a la actual concesionaria, Cespa, que es una de las que aspiran a seguir a cargo de este contrato.

En una maratón de reuniones, entre las 20,30 y las 21,30 horas del lunes se aprobó el pliego de condiciones de la prórroga, se invitó a la empresa a participar, se recibió su oferta, se valoró y se adjudicó el nuevo contrato, algo que se transmitió a Cespa al filo de las diez de la noche.

Ante el silencio de Caballero, que no mencionó este asunto en sus ruedas de prensa de ayer y del lunes, el PP dio a conocer lo ocurrido calificándolo de «escándalo», asegurando que «Vigo no se merece esta forma de actuar». Según el concejal popular Miguel Fidalgo, el gobierno socialista «ha provocado que se le eche el tiempo encima y ahora tiene que recurrir a un procedimiento negociado y sin publicidad para que la ciudad no se quede sin servicio».

El importe de estos cuatro meses de mantenimiento de los jardines asciende a 1,8 millones de euros y su firma era urgente ya que el 30 de abril finalizaba el año de prórroga de que disponía Cespa. El gobierno vigués dejó transcurrir los seis años de concesión sin mover ficha y solo empezó tras la prórroga del año pasado. Sin embargo, no ha sido capaz de tramitar la adjudicación y ahora se ha visto entre la espada y la pared, lo que ayer criticó el PP y también el BNG.

De hecho, hasta septiembre pasado no dispuso de un pliego de condiciones formalizado y ahí comenzó el vía crucis para el concejal de Jardines, el socialista Ángel Rivas, y para el conjunto del gobierno local.

La plantilla, integrada por 110 trabajadores de la concesionaria Cespa y de la que gestiona aún los parques forestales, que se van a fusionar con el nuevo contrato, exigió que figurara con claridad la lista de empleados a efectos de garantizar su subrogación. También el detalle de sus condiciones laborales para que se mantuvieran.

Rivas insistió en que el pliego cumplía estos requisitos, negándose a modificarlo. Ante ello comenzaron las movilizaciones de la plantilla y una huelga indefinida que obligó a Rivas y a Caballero a dar su brazo a torcer. Para ello se suspendió el proceso, se modificó el pliego y se convocó de nuevo.

En ese momento entraron en acción las empresas del sector por medio de la asociación Aseja. Recurrieron ante el Tribunal de Recursos Contractuales pidiendo su modificación al no estar clara la plantilla y sus costes laborales. El Concello cedió de nuevo, paralizó el proceso otra vez y convocó una nueva licitación.

Sorprendentemente, cuando ya estaban presentadas las ofertas de empresas en este tercer intento Aseja volvió a pedir la suspensión al considerar que el pliego no estaba lo suficientemente claro y producía indefensión a las firmas del sector. Esta vez el gobierno de Caballero se negó a ceder, consideró que Aseja actuaba de «mala fe» y abrió las plicas, aunque no se conoce su contenido.

En ese momento el tribunal, un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda, decidió la tercera paralización de esta compleja tramitación. Sin margen para adoptar otras medidas y en vísperas de la campaña electoral, Caballero optó por una prórroga para ganar tiempo.

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