El Concello vigués pagó 128.000 euros por los trabajos de la cuñada de Silva

Según el sumario, la UDEV cree que su contratación «no parece encajar» con la concesión y la empresa admite que no ejercía control sobre la empleada

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Vigo / La Voz

El trabajo a desempeñar por la cuñada de Carmela Silva en una concesionaria municipal de Vigo no guardaba relación con los fines de la adjudicación del servicio. Así lo argumenta en sus investigaciones sobre el caso la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policial Nacional.

Dicha unidad ha aportado a la causa abierta contra Vanesa Falque -cuñada de Silva- y tres altos cargos del Ayuntamiento, testimonios, correos electrónicos y documentación tras cuyo análisis los investigadores tachan de «sorprendente» el escaso control de la concesionaria respecto al trabajo realizado por sus empleados e incluso sus contrataciones. Según consta en el sumario, la unidad policial mantiene que la contratación de la allegada de la socialista «no parece encajar muy bien en las condiciones impuestas a la adjudicataria» de los centros cívicos municipales, al no figurar las tareas que le fueron asignadas en el pliego de condiciones. Al no encajar con las reglas de la concesión y no estar contemplado el puesto de trabajo de la cuñada de Silva, la empresa giró al Concello del 2008 al 2013 nueve facturas por un total de 108.147,22 euros más 20.435,57 de IVA que rezan como «correspondientes a los trabajos realizados por doña Vanesa Falque por encargo del Ayuntamiento, ajenos al servicio de los centros cívicos».

El relato de los investigadores apunta en primer lugar a que el fichaje de la cuñada de Silva por parte de la concesionaria fue impuesto desde el Concello un año después de que Abel Caballero llegase a la alcaldía. Recogiendo el testimonio del gerente de la concesionaria, la UDEV transcribe que la inicial «contratación de Vanesa Falque Barral se ordena desde el Ayuntamiento de Vigo con el objetivo de realizar diversas tareas de apoyo a todos los centros e incluso para una posible apertura de un nuevo centro en Valladares, sin que desde Imesapi podamos determinar exactamente sus características y/o ubicación exacta [de la empleada], ya que no ejercíamos control alguno sobre dicha trabajadora».

Para la policía dicha aseveración «es, cuando menos, sorprendente», pues estima que las bases de la concesión determinan que el personal dependerá en su actividad exclusivamente de la adjudicataria. «La empresa se limitaba al pago de las nóminas o a la resolución puntual de algún problema relacionado con sustituciones, vacaciones, algún anticipo, etcétera, nada relacionado con el funcionamiento interno de los centros», indica el gerente en su declaración policial.

«Muy sospechoso»

«Es sumamente sospechoso que una empresa que puntualmente paga su salario a un trabajador no pueda determinar exactamente las características de la tarea que está realizando ya que no ejercía control alguno sobre él», llega a señalar la UDEV.

La investigación recoge que tras ser contratada durante cinco días para una sustitución, se «indica verbalmente» desde el Ayuntamiento que Vanesa Falque debe seguir asignada al servicio «para trabajos de apoyo directos desde el propio Concello, dirigidos desde el departamento de Participación Ciudadana», cuya área dirige el imputado Francisco Gutiérrez Orúe.

Imesapi accede a la petición reclamando el coste de dicho puesto: «A través de Participación Ciudadana se nos ordena emitir facturas en base a los trabajos encomendados por parte del Concello a doña Vanesa Falque». El sumario recoge correos enviados a la empresa por Gutiérrez Orúe en los que además de indicar qué debe figurar en la factura advierte que «el importe, IVA incluido, deberá ser menor de 18.000 euros», para poder realizar una contratación directa, que en realidad tiene fijada el límite máximo en 21.000 euros. Las diligencias recogen así nueve facturas de entre 4.177 y 20.933 euros, por conceptos como la realización de encuestas sobre el conocimiento de las asociaciones vecinales, sobre el funcionamiento del servicio de atención telefónica del Concello, o del de orientación laboral y hasta un estudio sobre los ERE registrados en Vigo, no relacionados con los objetivos de los centros cívicos.

Teléfono pagado en el domicilio

Además de asegurar desconocer el resultado de los trabajos asignados a la cuñada de Silva por los que Imesapi ingresó 128.582,79 euros, el gerente de la concesionaria relató a la policía judicial que el jefe de Participación Ciudadana del Concello, Francisco Gutiérrez Orúe, les instó en el 2013 a nombrar a una coordinadora del servicio, indicándoles su nombre y añadiendo que «debían proporcionarle un teléfono con conexión a Internet y habilitarle una línea telefónica en su domicilio. La excusa que le manifestó era que estaba cansado de atender personalmente y de manera directa a cada una de las trabajadoras», recoge la UDEV. Dicha designación le supuso a la trabajadora elegida un aumento de sueldo de 350 euros al mes, lo que Imesapi dice que admitió «porque apenas significaba incremento de gasto, más allá del coste del teléfono».

La hermana de la edila también fue fichada y renunció en un día al no saber informática

Además de la cuñada de Carmela Silva, la propia hermana de la teniente de alcalde y diputada del PSOE en el Congreso, estuvo vinculada también a la concesionaria de los centros cívicos del Ayuntamiento, servicios municipales ubicados en cuatro parroquias de la ciudad para informar sobre trámites administrativos, cursos formativos básicos y servicios de lectura, entre otros.

Según consta en el sumario del caso, «en la relación de personal facilitada por la empresa, aparece el nombre de María Josefina Silva Rego, contratada durante un solo día, el 13/06/2008», cuando Caballero cumplía un año en la alcaldía. Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta resaltan que dicha trabajadora causó baja voluntaria. La UDEV interrogó al respecto al gerente de la concesionaria municipal reconstruyendo así su relato: «Al finalizar la jornada, se presentó en su despacho, comunicándole que no iba a seguir, ya que aquel puesto no era para ella, que no podía afrontarlo ya que no sabía manejar un ordenador». El mismo cargo de la empresa Imesapi señala que no pesó en la contratación de la hermana de Silva su relación familiar.

«Alguien importante»

El mismo responsable de la concesionaria aseguró ante los agentes policiales que no sabía en el caso de Vanesa Falque que fuese cuñada de Carmela Silva. «Llegó a preguntarle si era pariente de alguien importante en el Ayuntamiento, pero no lo quiso decir», se hace constar en el sumario.

En los correos electrónicos incorporados a la causa y que fueron remitidos por el jefe de área de Participación Ciudadana, Francisco Gutiérrez Orúe, al responsable administrativo en Vigo de la empresa Imesapi, se insta en el 2008 a acelerar la contratación de la cuñada de Carmela Silva y a justificar el gasto que entrañará a mayores de la concesión: «Buenos días. Con el fin de cerrar de una vez la contratación de Vanesa y la antigüedad del personal, necesito que me enviéis un presupuesto para la contratación de lo siguiente...», indica para relatar los trabajos que le serían asignados a la cuñada de Silva. «Necesito que me enviéis un presupuesto para el trabajo de Vanesa con el siguiente texto», vuelve a escribir Orúe un año después. La UDEV advierte que de demostrarse que la cuñada de Silva cobró sin trabajar cinco años entrañaría «una malversación de fondos públicos».

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