La policía aún vigila el barco 24 horas

Un mes después de instalar el «Alfageme» en Coia, el Concello mantiene los agentes. Ya ha gastado cerca de 200.000 euros en las labores de vigilancia

La policía local vigila día y noche el viejo pesquero instalado en Coia mientras las movilizaciones vecinales se suceden.
La policía local vigila día y noche el viejo pesquero instalado en Coia mientras las movilizaciones vecinales se suceden.

vigo / la voz

A cualquier hora del día o de la noche y tanto da festivo que laborable: en la rotonda de Coia siempre se encuentra al menos una dotación policial que ha convertido este punto en uno de los más seguros de Vigo. Normalmente el vehículo se coloca delante del Alcampo, aunque en los últimos días también recala en el interior de la glorieta para impedir que la invadan vecinos disconformes con la presencia del pesquero Bernardo Alfageme.

Se trata de una situación sin precedentes que ha obligado a reorganizar los cuadrantes de la Policía Local. Obviamente, detraer un mínimo de seis agentes cada día para controlar la rotonda no sale gratis. Un cálculo estimado cifra el coste hasta ahora en unos 200.000 euros. Se trata de seis policías diarios, que en estos cuatro meses suponen el trabajo de cuatro agentes todo un año a razón de 220 jornadas anuales. Con un salario de 30.000 euros, más el pago de la seguridad social y añadiéndole los refuerzos masivos puntuales. En condiciones normales estos policías tendrían que estar en otro lugar y por tanto hay servicios que se resienten.

Además, los agentes del grupo especial, los GOA, saben que su prioridad, siguiendo instrucciones del alcalde y del concejal de Seguridad, el socialista Carlos Font, es la rotonda, como se pudo comprobar esta semana. De manera imprevista, miembros del colectivo opositor al barco entraron dentro el jueves para sorpresa de los agentes que la vigilaban. Tras un aviso, los refuerzos llegaron en cuestión de minutos a la misma velocidad que si se hubiera producido un atraco.

Este hecho se reprodujo ayer cuando, aprovechando la visita de la monja Lucía Caram, volvieron a protestar junto a la rotonda vigilados estrechamente por una amplia dotación de agentes del GOA sin que se produjera incidente alguno.

De esta forma, aunque el conflicto ha remitido desde que la noche del 18 al 19 de febrero se colocó el barco en la rotonda, la vigilancia policial sigue siendo la misma. El alcalde quiere a toda costa concluir las obras de ajardinamiento de la rotonda para que luzca antes de las elecciones, y sobre todo evitar una posible reocupación del recinto.

La reactivación de las protestas y los montajes fotográficos que circulan por las redes sociales en nada ayudan a relajar la vigilancia policial. El más sonado fue el reciente del Alfageme ardiendo, tan aparente que mucha gente pensó que era real.

A la vista de la situación creada todo hace indicar que la rotonda de Coia puede entrar en algún libro de los récords pues nada va a cambiar de aquí a junio, cuando hayan pasado las elecciones municipales del 24 de mayo. Los opositores piensan seguir con las protestas y la Policía Local vigilando de manera permanente ya que el Concello se gastó un millón de euros estos años en mantener el Alfageme.

Diego Lores: «Puedo dormir tranquilo, no sé si también quienes me acusan»

«Yo puedo dormir tranquilo. Sé lo que pasó y por eso estoy tranquilo, aunque puede haber una petición de cárcel. No tengo claro que puedan hacerlo igual los policías que testifican en mi contra». Diego Lores, trabajador social de la parroquia Cristo de la Victoria, es el segundo imputado por actos de violencia en los incidentes de la rotonda de Coia, hechos por los que declaró esta semana en el juzgado.

Dos agentes municipales lo acusan de agresión y uno de ellos sufre una lesión en la muñeca por la que está de baja desde mediados de diciembre. Lores insiste en que se cayó accidentalmente y que él no tuvo nada que ver. A priori, sin embargo, su situación es complicada ya que en un juzgado los funcionarios de policía tienen presunción de veracidad.

Lo sabe bien Xurxo Romero, un vecino que fue detenido por un cargo similar. En su caso, el agente que sufrió lesiones curó con rapidez y la juez no estimó el cargo de atentado a la autoridad. Fue condenado por lesiones a un año de cárcel y a pagar una indemnización de 1.200 euros.

Como Lores, de haber salido adelante la acusación de atentado el riesgo de ingresar en prisión hubiera sido alto. Se trata de un delito castigado con pena de dos a cinco años de cárcel.

Diego Lores está casado y tiene tres hijos de corta edad (5 y 3 años y el pequeño de diez meses) y su mujer no tiene empleo. Él estuvo en paro hasta hace un mes, por lo que una condena de cárcel pondría a esta familia en una situación límite. Su trabajo en la oficina de la parroquia es altruista y allí, junto a otros profesionales, asesora a personas en riesgo de exclusión social, lo que le ha granjeado enfrentamientos con el gobierno municipal y la concejalía de Benestar Social. Critica al gobierno municipal por la escasez de fondos que destina a ayudas sociales y los retrasos en su concesión.

Respecto a lo ocurrido el 15 de diciembre, insiste en que no golpeó a nadie y que se limitó a seguir a la policía y a un joven que supuestamente había dado una patada a un agente. Reconoce que está preocupado «aunque valoro los apoyos que recibo», concluye,

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