LaXunta traslada al Valedor do Pobo que buscará una solución legal para que siga en funcionamiento
21 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El conflicto originado por el fin de la subvención autonómica al centro San Francisco, que atiende a discapacitados intelectuales en Vigo desde hace décadas, puede entrar en vías de solución. El concurso convocado por la Consellería de Traballo e Benestar fue ganado por un centro de Mos, lo que implicaba el traslado de más de 70 usuarios desde Coia, algo a lo que se oponen frontalmente los afectados y sus familias. Ellos y el centro iniciaron una campaña que está a punto de dar resultados.
El reciente informe del Valedor do Pobo sobre su actividad en el 2014, conocido esta semana, afirma de manera directa que «existían alternativas legais para manter o sistema de financiamento público das prazas de Agrasfra» (San Francisco). La institución inició contactos con la consellería «para lograr a permanencia no centro de todas as persoas que o desexasen, e con iso a permanencia do centro e dos seus postos de traballo».
La conclusión que recoge el Valedor es optimista: «A consellería asegurou que prevalecería a vontade de todas as persoas que desexen permanecer no centro, tanto no residencial como no ocupacional, e que se buscarían fórmulas legais». Todo quedaba pendiente de reuniones de los responsables autonómicos con las familias y con el centro.
La posición del Valedor do Pobo sobre este asunto es contraria al traslado forzoso de los usuarios del centro San Francisco a Mos. Los discapacitados en algunos casos llevan décadas atendidos en una institución que goza de toda su confianza.
Informe crítico
Por ello, en los últimos meses ha realizado numerosas gestiones para buscar una solución, que parece próxima pero todavía no se ha logrado. Este posicionamiento se intuía, pero ha quedado plasmado con claridad en este informe.
Considera que el concurso público para adjudicar este servicio se llevó a cabo «sen ter en conta o criterio dos usuarios e as súas familias, nunhas condicións prexudiciais para eles, que poden verse abocados a trasladarse pola desaparición do seu centro».
Hace mención también al hecho de que dicho concurso se llevó a cabo sin prever la subrogación de los trabajadores. «Despois de tantos anos de estabilidade, cos mesmos profesionais e recibindo un servizo satisfactorio, non se comunicou nada».
La conclusión del Valedor es que «o cambio sería involuntario, non desexado e innecesario: todos estaban satisfeitos co servizo que recibían desde había moitos anos». Y una cuestión clave: el centro había ejecutado numerosas obras para adaptarlo a las exigencias de la Xunta sin disponer de ayudas públicas.
Para valorar la situación generada, la oficina del Valedor investigó las quejas de la consellería sobre San Francisco, que se concretan en deficiencias arquitectónicas y de seguridad. Destaca que no llegaron a concretarse y que en las actuales circunstancias «contaba cunha autorización provisional, o que resultaría suficiente posto que habilitou á entidade para concorrer á contratación pública».
En tono crítico, desecha los argumentos del Gobierno autónomo de que era necesario el concurso para hacer frente a la demanda en el área de Vigo, ya que considera que las plazas con que cuenta el centro San Francisco estaban asimiladas a las públicas.
El Valedor denuncia que la consellería se decantó por un contrato con procedimiento abierto «no que non parecía ter en conta as particularidades dos centros de promoción social ou asociativa, como se fixo en todas as ocasións anteriores».
Temor a que pase lo mismo en Aspanaex
La posibilidad de que San Francisco pierda la atención a discapacitados psíquicos, pese a la oposición de los afectados y sus familias, generó en Vigo una amplia movilización ciudadana y política que todavía no ha dado resultado. El Valedor señala que otras asociaciones en defensa de los derechos de personas con discapacidad intelectual mostraron su preocupación «por este caso e pola posibilidade de que iso mesmo suceda noutros centros». En total fueron una treintena de toda Galicia los que temen que se repita la situación del San Francisco.
Aspanaex, uno de ellos, trabaja en Vigo desde el año 1963 y cuenta con un centro educativo, otro ocupacional y también un centro de día. Desde hace seis años gestiona igualmente una vivienda tutelada para cinco personas. Su proyecto más ambicioso en estos momentos es construir una residencia.
«Non é posible descoñecer o dereito das persoas a elixir como e con quen vivir»
«Non é posible descoñecer o argumento máis importante: o dereito das persoas para elixir como e con quen vivir». Este es el posicionamiento del Valedor do Pobo en el balance de su gestión del año pasado. También que algunos de sus usuarios llevan décadas en el centro y que obligarlos a salir de allí supondría «un cambio drástico nas súas condicións de vida» que podrían acarrear incluso «situacións de desarraigamento e sufrimento».
Este planteamiento chocó con la posición legalista de la Consellería de Traballo en la contratación del servicio, que el Valedor no toma en consideración. Entiende que hace una mención «illada» de un artículo «que obviaba o previsto na mesma lei 13/2008 respecto de particularidades de entidades como San Francisco». En concreto, el hecho de que «poderanse subscribir convenios singulares con entidades de iniciativa social debidamente autorizadas (...) por razóns humanitarias ou de emerxencia social».
Además, aporta más justificaciones: «Cando pola singularidade das características da entidade, a especifidade dos servizos que presta ou a especial vulnerabilidade das personas usuarias non sexa posible ou conveniente promover a concorrencia pública». Sería un proceso tan legal que se lleva a cabo en otras comunidades autónomas e podería interpretarse que tamén en Galicia». Por ello el Valedor trasladó a la consellería que «existían alternativas legais para manter o sistema de financiamento público do San Francisco (...) cun proceso de discriminación positiva».
Recomienda que en estos casos se tengan en cuenta dichas particularidades, «o que resulta acorde co ordenamento e ata un deber legal», remacha.
El eje de su argumentación es que desde la Xunta se de la mayor relevancia a la voluntad de los usuarios y sus familias, la estabilidad y la especialización en el servicio, la capacidad de integración, proximidad y el fomento asociativo. Una solución que, si se cumplen las previsiones optimistas del Valedor, se logrará aunque sea después de llevar a cabo el polémico concurso que ganó el centro privado de Mos.