SOS Xustiza propone que los litigantes de Vigo recuperen su dinero a través de una deducción en el impuesto de la renta
07 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La plataforma SOS Xustiza ha iniciado conversaciones para convencer al Gobierno de que devuelva los 4 millones que los particulares vigueses pagaron en tasas judiciales desde que entraron en vigor. En total, en dos años y tres meses de vigencia, los ciudadanos vigueses abonaron 5 millones de euros por presentar sus demandas judiciales. La idea es que los perjudicados recuperen el dinero a través de una rebaja de impuestos en su declaración de la renta en esta campaña o la próxima. «Se trataría solo de hacer una modificación puntual en el IRPF, las hubo iguales mil veces para dar ayudas a la compra de vivienda», dice la portavoz de SOS Xustiza, Yolanda Aguiar.
Sostiene que el 80 % de estos pleitos fueron promovidos por particulares, que son los que se beneficiarán de la derogación de estas tarifas públicas. Se trata de trabajadores, accidentados, dueños de fincas, caseros o autónomos que reclamaron deudas. El resto serían empresas, bancos y aseguradoras, que no quedarán exentos. En el caso de los accidentados de tráfico, las aseguradoras han seguido la vía penal para ahorrarse las tasas y el coste de un informe forense.
No obstante, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, adelantó que el Gobierno no devolverá el dinero recaudado por las tasas a los litigantes que ya lo pagaron pero no descarta que deba hacerlo si el Tribunal Constitucional lo ordena en una sentencia. SOS Xustiza replica que lo recaudado se destinaría a sufragar la asistencia jurídica gratuita, sino que «se ha incumplido el mandato y el espíritu de la propia ley». Argumenta que es el propio gobierno en el real decreto ley que derogará las tasas quien reconoce que estas tarifas impidieron el acceso a los tribunales a los ciudadanos. «Una vez que entró en vigor, una tasa injusta impidió el acceso a la Justicia a muchos», dice Aguiar.
La campaña de la plataforma ha iniciado un envío de cartas a los diputados del Congreso, el juez decano de Vigo, el presidente del TSXG, el presidente del Poder Judicial y el ministerio de Justicia para pedir la devolución.
El decreto ley 1/2015, que anula las tasas para las personas físicas, irá a convalidación en el congreso. Todo apunta a que los parlamentarios se pronunciarán a favor de la supresión, por lo que la plataforma pide que haya una iniciativa parlamentario o cualquier otra fórmula para recuperar el dinero. «No es una locura, hay precedentes como cuando la defensora del pueblo, con motivo de la modificación de la asistencia de justicia gratuita, pidió que a los que no tuvieran derecho, se les devolviese la tasa», señala.
SOS Xustiza defiende que las pymes queden exentas porque no litigarán con igualdad de armas. Muchas son subcontratas de grandes compañías que deben reclamar deudas y a veces no se les compensa por culpa de las tasas. «Las pymes son las que soportaron la crisis, las grandes perjudicadas, mientras que a las grandes empresas, las tasas no les repercuten en sus cuentas. El problema lo tiene el fontanero que va al juicio porque no le pagan. Pedimos que se modulen la tasas según la dimensión de la empresa, que la tarifa sea lineal. No es lo mismo una multinacional que un fontanero», dice.