El PP solo irá al fiscal con datos de enchufes de Caballero si se los exigen

La confirmación de que la Fiscalía investiga el papel que Abel Caballero haya podido jugar en los supuestos enchufes denunciados tanto en el Concello como en concesionarias municipales no ha hecho cambiar ni un ápice la falta de acción tanto en el gobierno local como en la oposición respecto a los cuatro casos que cuestiona la Justicia sobre la gestión del gobierno local olívico.

La apertura de diligencias respecto a los posibles enchufes por parte del ministerio público, con toma de declaración a supuestos testigos y reclamación de documentación oficial sobre diversas contrataciones, fue recibida ayer exclusivamente por el jefe de la oposición municipal, José Manuel Figueroa (PP), «con el máximo respeto hacia la acción judicial». El hecho que la fiscal jefe de Vigo haya avanzado en sus investigaciones a raíz de la denuncia presentada por la plataforma ciudadana Xuntos no ha cambiado la decisión de Figueroa de no aportar a la Justicia por voluntad propia las pruebas que asegura haber reunido de más de 200 casos de supuestos enchufes. Estos contratos habrían sido amparados por Abel Caballero tanto durante su paso por la presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo como por la alcaldía de la ciudad en los últimos ocho años.

«Tengo la máxima disposición a colaborar con la Justicia», indicó sin embargo Figueroa, pero limitando de nuevo su implicación en el caso a que se lo pida la investigación.

No por voluntad propia

El presidente de los populares vigueses mantiene su intención de «no judicializar la vida política», como señaló cuando en verano se hicieron públicas las denuncias sobre enchufismo. «Deseo que cuanto antes se esclarezca la verdad», señaló ayer Figueroa, tras eludir ampliar las vías de investigación judicial con sus pruebas.

Los juzgados vigueses, además de estar investigando desde la Fiscalía los supuestos enchufes y el papel que Caballero hubiera podido tener en los mismos, instruyen el caso derivado de la operación Patos, que supuso hace casi un año la incautación de numerosa documentación y material informático del Concello y el registro exhaustivo de los despachos de dos concejales socialistas. También pesa sobre la gestión de Caballero la investigación e imputación de su edil de Parques y Jardines, Ángel Rivas, por «concertar» -indicó la juez del caso- la adquisición de material de construcción en la empresa de la que era apoderado por parte de las adjudicatarias de obras municipales.

El cuarto caso que analiza la Justicia sobre la gestión de Caballero se refiere a la ubicación del polémico barco en una rotonda de Coia, proyecto que, según la denuncia que analiza la Fiscalía, podría carecer de los trámites de contratación necesarios.

Sigue sin dar explicaciones

Pese a dicho frente judicial, Caballero se negó ayer a hacer el menor comentario sobre la decisión de la Fiscalía de investigar los presuntos casos de enchufismo en el Concello vigués. En el transcurso de una rueda de prensa, La Voz le solicitó una valoración sobre la decisión del ministerio público, pero el regidor ignoró la petición como si no la hubiera escuchado. Lo mismo ocurrió con una repregunta, mientras la teniente de alcalde, Carmela Silva, cuyo nombre figura en las denuncias por haber presuntamente favorecido a familiares directos, hacía a su lado gestos de disgusto y reprobación por estas interpelaciones.

Junto a Caballero, en la rueda de prensa, se encontraba también el concejal socialista Ángel Rivas, imputado por el caso hormigón.

Desde hace tiempo el alcalde de Vigo elude hacer valoraciones sobre asuntos incómodos para su gestión, práctica que se está acentuando conforme se acercan las elecciones municipales.