El fiscal ve un «absoluto quebranto de las normas» en contratos del Concello vigués
VIGO CIUDAD
Advierte que «por el momento» no imputa a más concejales del gobierno de Caballero
26 sep 2014 . Actualizado a las 11:08 h.La investigación sobre la venta de hormigón a adjudicatarias del Concello de Vigo por parte de un concejal del gobierno de Caballero ha llevado a la Fiscalía a determinar que se encargaron obras «de forma ilegal». En su escrito de denuncia, en el que se imputa al edil Ángel Rivas, a un técnico municipal y a dos responsables de la empresa Movexvial, el Ministerio Público ha descubierto «irregularidades que suponían un absoluto quebrantamiento de las normas de contratación administrativa que atentaban directamente contra los principios de transparencia, publicidad e igualdad de condiciones, así como contra los principios de estabilidad presupuestaria y fiabilidad de la información presupuestaria».
La clave está en que en muchos de los acuerdos de la junta de gobierno se aprobaban reconocimientos extrajudiciales de crédito «en forma excesiva o no adecuada». De diez expedientes de adjudicación que la Fiscalía solicitó al Ayuntamiento vigués y que fueron examinados por un perito, se concluyó que cinco correspondían a «obras encargadas al margen de todo procedimiento administrativo, incumpliéndose de manera generalizada las normas de contratación administrativa y de gestión presupuestaria, sin que en los expedientes se haya motivado dicho incumplimiento». No solo eso, sino que esas obras tampoco se sometieron «al preceptivo informe de Intervención».
Una vez asignada y ejecutada la obra, explica el fiscal, la empresa contratista exigía el abono de las facturas generadas al Concello y este tramitaba, «a propuesta generalmente del concejal de turno o del jefe del área respectiva», un expediente en el que se declaraba la nulidad de la factura generada y el posterior reconocimiento extrajudicial de crédito.
Aunque es una figura legal, el Ministerio Público advierte que el reconocimiento extrajudicial de crédito se vinculaba en estos casos a una obra anterior y «aparentando referirse a un mero aumento de unidades de obra» que para su aprobación no precisa de expediente alguno, como dispone la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). «Sin embargo, en la realidad respondían a unidades de obra nueva que deberían haber dado lugar a la tramitación de expedientes de modificación de contrato de obras», advierte la Fiscalía: «Nunca estarían comprendidos en el supuesto de variaciones sin necesidad de previa aprobación del artículo 217.3 de la LCSP, aun tratándose de importes inferiores al 10 % del precio del contrato primitivo».
Como principal beneficiario de estas prácticas aparece Ángel Rivas Otero, concejal de Parques y Jardines. Ha sido imputado por negociaciones prohibidas a funcionarios. En su condición de miembro de la junta local de gobierno votaba a favor de la adjudicación de obras o la concesión de crédito extraordinario a empresas constructoras que adquirían el cemento mayoritariamente a la firma Hormigones Val Miñor, de la que él fue apoderado del año 1997 al 2013.
En el escrito de denuncia, la Fiscalía apunta, en subrayado y en negrita, que «por el momento» no consta que los miembros de la junta local de gobierno que preside Caballero «hubieran tomado parte ni conocieran» la autorización inicial «nula de pleno derecho» de la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito. De ahí que no haya más imputados. También se señala, de nuevo subrayado y en negrita, que «por el momento» y «sin perjuicio de lo que resulte de la investigación de la causa», tampoco consta la participación de más empresas adjudicatarias que pudieran ser objeto de imputaciones.
A Álvaro Crespo, técnico responsable del área de Fomento del Concello vigués, director facultativo de algunas de las obras investigadas y gestor tramitador de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, se le ha imputado un delito continuado de prevaricación, igual que a dos directivos de la empresa Movexvial como «cooperadores necesarios». La Fiscalía concluye dejando una puerta abierta a nuevas imputaciones de políticos o técnicos: «Igualmente, resultaría autor de dicho delito la autoridad o funcionario público responsables de la gestión de los gastos en cada uno de dichos expedientes».