El juzgado de Vigo ha condenado a una aseguradora privada a indemnizar con 50.000 euros (30.000 más los intereses) a un hombre porque tardó en diagnosticar una infección tras una operación, lo que provocó daños al paciente.
Ocurrió en febrero del 2009, cuando el señor, A.O.L., vigués de 50 años, estaba talando un árbol cerca de Santiago. Se cayó y el seguro lo mandó al Hospital La Rosaleda, en la capital. A los pocos días, se le practicó una cirugía de fractura de tibia y peroné. Según el bufete El Defensor del Paciente, no se ofreció el consentimiento informado al paciente.
Lo remitieron a su casa, en Vigo. La zona intervenida empeoró, pero los servicios del seguro tardaron días en percatarse. Cuando lo hicieron y las pruebas constataron una infección por una bacteria multirresistente en la herida quirúrgica, lo enviaron a un hospital de Santiago, lo que, según el abogado Cipriano Castreje, «demoró más el tratamiento de la infección» que si lo hubiesen mandado a un hospital de su ciudad. Se catalogó como infección nosocomial, es decir, adquirida durante la hospitalización.
Meses más tarde, tras distintos tratamientos, en el hospital vigués Nuestra Señora de Fátima, en Vigo, se le retiró la placa de osteosíntesis, que portaba la bacteria.
El juez condena al seguro a pagar, pero también reprocha el retraso a La Rosaleda y a Fátima. A. O. L. había contratado con la aseguradora privada la póliza Poliplus, que le garantizaba asistencia, sin opción a elegir libremente el hospital donde ser tratado.