Los dos ediles que tras la moción de censura asumen responsabilidades de gobierno fueron condenados el pasado mes de diciembre a un año y medio de prisión y a la inhabilitación para poder ser representantes de la corporación durante un período de ocho años.
Un juzgado de lo penal de Vigo los declaró culpables de un delito continuado contra la ordenación del territorio no solo a ellos, sino también a otros cuatro concejales del PP que formaban la comisión de gobierno de Gondomar durante el anterior mandato.
La Fiscalía los acusó de otorgar licencias contra derecho por basarse en un Plan Xeral que estaba anulado por los tribunales. Según quedó demostrado durante el juicio, los responsables municipales ocultaron la resolución judicial que dejaba a Gondomar sin planeamiento, con el fin de seguir contando con sus informes favorables.
El ex alcalde, Carlos Silva, no quiso firmar la moción de censura por este motivo, pero sí lo hizo Ángel Gregores. Ahora ambos tendrán responsabilidades de gobierno.