El regidor se muestra preocupado por la demora de Madrid en el reembolso
19 mar 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La espera por el desescombro de la zona cero de Paramos supuso una auténtica agonía para los afectados por la explosión de una almacén ilegal de explosivos. Los trabajos tardaron siete meses en arrancar por la complejidad de los trámites burocráticas y la implicación de varias administraciones implicadas. Cuál de ellas iba a tener que asumir los 1,5 millones de esta actuación era una prioridad para el alcalde, que entonces era Carlos Vázquez Padín y que en noviembre de ese 2018 acudió personalmente al Ministerio de Política Territorial con un saco de escombros para reclamar que esa limpieza la ejecutase Tragsa, y lo sigue siendo más de dos años después para el actual regidor. El Concello de Tui no ha recuperado ese dinero, que supone casi el equivalente al 16 % del total del presupuesto municipal y el alcalde, Enrique Cabaleiro muestra su preocupación «pola falta de contestación do Goberno central».
La espera es menos tensa ahora porque la mayoría de los afectados han podido ya levantar de nuevos sus casas o empezar de nuevo su vida en otras, pero Cabaleiro no oculta su preocupación ante la necesidad de reembolsarle a las arcas municipales el desembolso que adelantó el Concello. El alcalde recuerda que fueron los grupos que entonces formaban la oposición los que forzaron la contratación de las obras en un pleno en el que el grupo del ex alcalde se abstuvo y que los trabajos se adjudicaron por unanimidad y por la vía de emergencia unos días después. «No capítulo sete do acordo polo que o Consello de Ministros aprobou en setembro do 2018 a declaración de zona gravemente afectada por unha emerxencia de protección civil queda especificado que o Goberno central asumirá o custe pero que o Concello tiña que contratar os traballos e por iso se fixo así», defiende Cabaleiro. Lo que no consta, apunta, en el registro del Concello es la entrada o salida es ningún convenio entre el Ministerio de Política Territorial y el Concello para la contratación. «A nosa preocupación é porque non consta no Concello ningunha sinatura de protocolo. Si están os expedientes da solicitude de axuda para facer fronte ós gastos derivados de situacións de grave risco e confiamos en que sexan suficiente para devolver os cartos ás arcas municipais», indica el regidor preocupado por la demora en el reingreso.
«Estamos en contacto co interventor do Estado, Francisco López Peña, que está a estudar esa documentación», avanza el alcalde si bien no oculta su desvelo ya que el plazo de resolución de las solicitudes fechadas en el 2018 era de seis meses.
Subdelegación del Gobierno declinó ayer comentar el tema si bien, fuentes del departamento de Maica Larriba indicaron que «está en gestión de pago».
El total asciende a 1.434.636 euros. La primera en justificarse fue por un importe de 382.958, se refiere a la actuación de desamiantado que se tuvo que realizar. Los otros 1.051.688, los derivados de la adjudicación aprobada por el plenario el 27 de diciembre del 2018, con 753.249 euros para el desescombro, las demoliciones y las consolidaciones urgentes. El resto para contrataciones de personal y los costes de la redacción del proyecto, dirección y ejecución de obra.