No descarta, un mes y medio después de la explosión, que pueda personarse
09 jul 2018 . Actualizado a las 14:25 h.La pretensión del alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, de personar al Concello como acusación particular en el proceso judicial por la explosión de la pirotecnia (23 de mayo) sufre un duro revés que va más allá del mero rechazo burocrático. El auto firmado el 25 de junio por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tui, Inés Nicolás, es todo un libro abierto que evidencia en qué situación está el proceso y, sobre todo, deja muy claro que el Concello no está exento de acabar siendo responsable, de alguna manera, de la trágica explosión. Especialmente directa fue la jueza al afirmar que la petición municipal de personarse, hecha a través de su representante legal, «se considera prematura por si los hechos investigados en la presente instrucción pudieran derivarse alguna eventual responsabilidad, ya sea civil o penal, por parte de la mencionada administración». Es decir, la juez no tiene claro, un mes y medio después del bombazo, que el Concello esté exento de cualquier culpa.
La resolución sí reconoce al Concello su derecho de personarse en calidad de perjudicado, pero añade a renglón seguido: «Dado el momento procesal que nos encontramos y estando pendientes diligencias de instrucción para el esclarecimiento de los hechos y averiguación de la verdad, como las circunstancias en que los hechos tuvieron lugar, sus causas e incluso intervención de otras personas, habida cuenta de la existencia de expedientes administrativos incoados en dicho Concello en torno a la legalización de la empresa Pirotecnia La Gallega, así como las resoluciones administrativas procedentes de juzgados en cuyo seno podía tener cierto papel el Concello».
La jueza, en román paladino, dice que la judicializada relación entre el dueño de la empresa a la que pertenecía el material pirotécnico explosionado, Francisco González Lameiro, y el Concello sigue sin aclararse después de nueve semanas de investigación y habiendo otras causas judiciales abiertas y todavía sin resolver que se tramitan por lo contencioso administrativo. Cabe recordar que el almacén central de la empresa estaba cerrada por una cuestión urbanística y González Lameiro llevaba tiempo haciendo trámites para reabrirlo. Es más, el Concello acumula siete requerimientos para demoler el citado almacén, y el alcalde, hace una semana, aseguró a la jueza que no sabía si tiene que derribarlo a raíz de la explosión y de la investigación iniciada.
La jueza, en un auto judicial tan directo como ilustrativo, sí deja la puerta abierta a que una vez avanzada la instrucción, y antes de la calificación del delito contra el acusado, si se concluye que al Concello no puede recibir reclamación alguna por lo ocurrido, sí podrá personarse para conocer el contenido íntegro de la causa, que es el objetivo final de la alcaldía.