El juzgado que instruye diligencias por la explosión pide al Concello la información
22 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El presidente de la asociación de afectados por la explosión de Tui, Salvador García, hizo un llamamiento a las administraciones hace dos días para que todos los documentos públicos estén digitalizados. «Hay vecinos de la zona cero que se pasan el día llamando a puertas para recoger papeles, esta tragedia tiene que marcar un antes y un después en este sistema», denunció en la zona cero.
El soporte en papel es un mal generalizado también en el Concello. El alcalde, Carlos Vázquez Padín, aseguró ayer que lleva más de dos semanas esperando a que el departamento de Urbanismo digitalice el expediente de la pirotecnia de Francisco González Lameiro, en prisión preventiva por la explosión del almacén ilegal de Paramos. El juzgado que instruye las diligencias de la tragedia le ha remitido un oficio al Concello de Tui, que entró por registro el miércoles, reclamando información de la pirotecnia, sobre la que pesa un presunto incumplimiento reiterado de la sentencia de clausura y derribo que se dictó hace cuatro años.
«Antes de recibir la orden del juzgado, hace ya más de dos semanas, solicité al departamento de Urbanismo tres cosas: que se haga un índice con todos los expedientes relacionados con la pirotecnia, que se digitalice todo y que se le ponga el sello», afirmó el regidor, Carlos Vázquez Padín. «En este tiempo, he tenido que enviar ya hasta cuatro providencias por el incumplimiento reiterado de mi solicitud», manifestó abiertamente el regidor tudense.
El alcalde aprovechó para manifestar su ofrecimiento de «máxima colaboración y respeto» a la justicia y su absoluta disposición para con ella.
Tres alcaldes, tres versiones
El regidor actual evitó ayer desgranar su actuación en el proceso tendente a cumplir el derribo de la pirotecnia. En octubre, cuando llegó a la alcaldía, ya estaba sobre su mesa el proyecto de demolición que encargó su antecesor, Enrique Cabaleiro. «Ahora estoy centrado en ayudar a los vecinos», dice. Considera que no cometió «ninguna negligencia».
Cabaleiro entiende que «hay una actuación de la administración, cuando menos irregular, que puede afectar gravemente a la responsabilidad civil y, por lo tanto, a la sostenibilidad financiera del Concello». Dice que del expediente «se desprende la comisión de gravísimas irregularidades, desde la concesión de licencia». Recuerda que ya hubo un proceso penal contra un técnico municipal y adelanta que el PSOE pedirá su reapertura y que se dirija también contra el exalcalde Moisés Rodríguez. «Lo sorprendente es que el actual gobierno, ante unas instalaciones clausuradas, no solo no ejecuta la demolición sino que tampoco vigila que se cumpla la resolución».
«La Junta de Gobierno Local dio la licencia porque los informes técnicos y jurídicos eran favorables, así como la autorización autonómica en suelo rústico y el dictamen de medio ambiente», señaló el exalcalde Moisés Rodríguez. «Las licencias se anularon únicamente porque unas casetas no estaban perfectamente reflejadas en el proyecto e incumplían el retranqueo. Solucionado eso, podría tener la licencia perfectamente», indica.