La Fiscalía cree que el pirotécnico de Tui oculta más explosivos y pedirá su ingreso en prisión
TUI
Considera que Francisco González Lameiro, que ayer volvió a ser detenido, «es un peligro»
29 may 2018 . Actualizado a las 10:31 h.Francisco González Lameiro se ha destapado como un empresario altamente negligente en su oficio de pirotécnico, que conoce desde niño. Pero también como una persona que falta a la verdad sin mayor problema, incluso prestando declaración jurada. Lo hizo el pasado viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tui y el fiscal que instruyen la investigación por la explosión de un polvorín clandestino en la parroquia de Paramos. Pero también ante su abogado, que conoció durante el fin de semana por La Voz, al igual que el juez y el fiscal, la existencia y localización de dos galpones más con otros 1.800 kilos de material explosivo sin ningún tipo de licencia o control.
El empresario fue llamado ayer por la mañana para que prestara declaración en el cuartel de la Guardia Civil de Tui, y de allí salió detenido. Luego fue trasladado a la Comandancia de Pontevedra, donde ha pasado la noche. Está previsto que a primera hora de hoy sea puesto a disposición judicial bajo la acusación de tenencia ilícita de explosivos, que se suma a las que ya le imputaron la semana pasada. El escenario que se encontrará ya es de sobra conocido para González Lameiro. Frente a él estarán sentados el mismo juez y el fiscal a los que mintió el viernes, también en calidad de detenido, al asegurar que no poseía ni escondía más material pirotécnico. El juez, atendiendo a la investigación de la Guardia Civil en aquel momento, a la estrategia de la defensa, que también creía a su cliente, y al propio acusado, que se disculpó y aseguró sentirse «desolado» por las dos muertes, desoyó la petición de prisión provisional de la Fiscalía y dejó al acusado en libertad, aunque con cargos.
Auto judicial
El propio juez dejó claro su parecer en el auto judicial: «No se estima que el investigado pueda ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba, precisamente por la evidencia de los hechos acaecidos, ya que la prueba de que el investigado detentaba y almacenaba productos y material pirotécnico sin salvaguardar las condiciones de seguridad y sin ningún control administrativo se ha puesto de manifiesto con la explosión de la nave, de manera que ninguna pueda ser detraída a la investigación policial o judicial». El auto añade: «No se conocen otros establecimientos clandestinos que puedan estar siendo utilizados por el investigado con los mismos fines».
La posición del juez se prevé que cambie hoy tras la puesta a disposición de Lameiro. Lo que también se considera seguro es que la Fiscalía reiterará su solicitud de ingreso en prisión, pero ahora con un argumentario mucho más rocoso. Según la acusación pública, la investigación inicial revela que no solo incumplía la normativa urbanística, sino que ahora ve un posible delito de negligencia en la conservación de los explosivos, aunque para eso será definitivo el informe de los tédax de la Guardia Civil. Según la tesis de la fiscala jefa de Vigo, Susana García-Baquero, el implicado «es un peligro, porque no respeta las normas».
Al localizarse nuevos zulos con material explosivo, añade García-Baquero, aparecen indicios nuevos de que otra vez se incumplen las normativas administrativas. El implicado podría enfrentarse a dos muertes por imprudencia (un máximo de cuatro años de cárcel), delitos de daños en viviendas con derrumbamientos, delitos de estragos y posesión de explosivos, al carecer de permisos o no conservarlos con las mínimas exigencias. Aunque el fiscal necesita un informe complementario, existen «indicios» de que el almacén no cumplía los requisitos de conservación ni la ley de tenencia de explosivos, en concreto, de la pólvora. Y este es un delito que supera lo imprudente para entrar en lo doloso, porque los guardó con una intención. A mayores, la Fiscalía va a buscar más responsables ajenos al acusado. Respecto a las causas de la explosión mortal del miércoles, todo apunta a que está relacionada con el ambiente (humedad, presión, temperatura) y las condiciones de almacenamiento de los explosivos. «Dejar en la vivienda todo ese material no es lo más prudente: una onda expansiva de tal calibre y sus graves consecuencias dan pistas de la cantidad del material almacenado», dice. Se considera el resultado como imprudente al no haber ignición. La investigación será ampliada para aclarar el número de explosivos y las condiciones de humedad del almacén.
692 damnificados
El número de afectados por la explosión se ha incrementado hasta las 692 personas y hay 325 expedientes de incidencias abiertos. Este es el balance más actualizado del punto de atención habilitado en el Centro de Formación Municipal, en el que una veintena de trabajadores del Concello de Tui, de la Diputación de Pontevedra y de la Xunta informan, asesoran y tramitan los expedientes de cada familia afectada. El personal de los servicios comunitarios, coordinados por la trabajadora social, se centra en la reubicación de las familias que no tienen una casa a la que volver. Cuatro de ellas se realojaron ayer en pisos de alquiler, mientras que el Concello sigue buscando pisos y casas que se ajusten a las necesidades específicas de cada familia. Un técnico del Instituto Galego de Vivenda e Solo informará además desde hoy a los afectados sobre la línea de ayudas que aprobará el pleno de la Xunta el jueves.
También ha crecido el número de viviendas afectadas tras la inspección realizada por el arquitecto municipal de Tui. Son 26 casas totalmente destruidas, 49 inmuebles con la estructura muy afectada y otras 43 que presentan grandes daños en la cubierta. Además, hay cuatro personas que todavía continúan hospitalizadas. El pleno del Concello de Tui debatirá el jueves la conveniencia de solicitar la declaración de zona catastrófica para la zona cero basándose en el informe elaborado por la secretaria municipal y por otro solicitado a un técnico externo. Así lo aprobó ayer la junta de portavoces, que también acordó tratar la creación de un fondo de emergencia de un millón de euros con cargo al remanente de tesorería para cubrir las necesidades de los afectados.
