Fundada en el 1932, un juzgado le retiró en el 2015 la licencia que el Concello concedió en el 2013
24 may 2018 . Actualizado a las 17:00 h.El lugar de A Torre quedó reducido a escombros como consecuencia de la explosión de un almacén clandestino de material pirotécnico. Un escenario de guerra que resultará familiar a muchos vecinos de Tui que ya han sido testigos en otras dos ocasiones de sucesos similares en las instalaciones de la pirotécnica La Gallega. Ya ocurrió en marzo del 1980, con la muerte de una trabajadora, y en el mismo mes del 2005, con múltiples daños materiales.
Las crónicas de La Voz de aquel primer incidente recogían que «dos violentas explosiones borraron del mapa el taller de la pirotécnica de Baldráns y causaron heridas gravísimas a una de las cuatro operarias». Al día siguiente, la trabajadora Remedios Romero fallecía en el hospital como consecuencia de las heridas que le produjo la explosión. Para el terreno de lo anecdótico quedan las 300.000 pesetas, en billetes de mil, que portaba la víctima y que acabaron esparcidas por el suelo del taller.
Un cuarto de siglo después, la pesadilla volvió a repetirse en el mismo escenario, pero, por fortuna, sin que se produjesen víctimas mortales. El estruendo se escuchó a ambas orillas del río Miño y dejó un amplio rastro de destrucción en casi un kilómetro a la redonda. «La preocupación fue constante toda la mañana, ya que las explosiones se sucedieron durante dos horas», recogía La Voz, también presente en el lugar de los hechos.
Pero los problemas que afectan a esta factoría no son solo de seguridad. Un juzgado de Pontevedra retiró la licencia de actividad a esta empresa de 86 años de historia en el 2015, solo dos después de que el Concello se la hubiese concedido por primera vez desde su fundación en 1932.
La explosión de ayer se produjo en el lugar de A Torre en el galpón de una casa que funcionaba como almacén clandestino de productos pirotécnicos, después de que el taller donde La Gallega producía sus fuegos artificiales, ubicado en Baldráns, a cuatro kilómetros del lugar de la deflagración, fuese clausurado por no disponer de licencia.
Esta empresa estuvo funcionando desde su creación sin licencia de actividad. Tras la explosión del 2005, que derribó buena parte de sus instalaciones, la dirección inició la reconstrucción de la fábrica. Sin embargo, se encontraron con la oposición de los vecinos, que recogieron firmas y consiguieron que el gobierno local dictase una resolución que paralizó las obras y la actividad de la factoría.
La empresa recurrió esta decisión ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de Pontevedra alegando que «había obtenido todas las autorizaciones necesarias por parte de las autoridades competentes en la materia, incluso de índole municipal». Pero el juez respondió que en la documentación aportada solo aparecía una licencia del año 2002 y que hacía referencia únicamente a la reparación y refuerzo del cerramiento de la finca, en ningún caso a la actividad de almacenaje o de elaboración de explosivos. La Gallega recurrió al TSXG, que ratificó en el 2009 los argumentos del tribunal de primera instancia. La licencia de actividad no está implícita en la de obra, que se remonta al año 1932, recogía la sentencia, que añadía que «tampoco en las actuaciones municipales de 1952 o del 2002 hay un acto expreso de concesión de licencia».
La licencia de actividad la consiguieron de forma provisional en el 2013. Para dar permiso, las autoridades impusieron una serie de medidas de seguridad, como limitar al 9 % la superficie de la parcela destinada a la actividad artificiera. La Xunta estimó las alegaciones de la empresa y se abrió la vía para conseguir la autorización del Concello, para desesperación de los vecinos. «La legislación ha cambiado y por eso le han dado la licencia», se resignaron los abogados que representaban a los vecinos.
Solo dos años más tarde, la Justicia convirtió en papel mojado la licencia concedida por el gobierno local a la pirotécnica de Baldráns. El juzgado de lo contencioso de Pontevedra falló a favor del recurso presentado por un vecino al sentenciar que, «si bien se cumple la distancia de seguridad a viviendas y viales a que obligan los requisitos de la licencia, será necesario dar cumplimiento a la distancia de cinco metros a linderos en los edificios de sus dependencias», por lo que anuló el permiso.
El exalcalde de Tui Enrique Cabaleiro, que tenía el bastón de mando en aquella época, confirmaba ayer, pocos minutos después de la explosión, que se trataba de un almacén clandestino de la empresa a la que su gobierno había retirado la licencia de actividad. Sin embargo, el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, aseguró ayer que la pirotecnia cumple con todos los requisitos para ejercer su actividad, por lo que su cierre obedece solamente a razones urbanísticas.