La licencia de actividad la consiguieron de forma provisional en el 2013. Para dar permiso, las autoridades impusieron una serie de medidas de seguridad, como limitar al 9 % la superficie de la parcela destinada a la actividad artificiera. La Xunta estimó las alegaciones de la empresa y se abrió la vía para conseguir la autorización del Concello, para desesperación de los vecinos. «La legislación ha cambiado y por eso le han dado la licencia», se resignaron los abogados que representaban a los vecinos.
Solo dos años más tarde, la Justicia convirtió en papel mojado la licencia concedida por el gobierno local a la pirotécnica de Baldráns. El juzgado de lo contencioso de Pontevedra falló a favor del recurso presentado por un vecino al sentenciar que, «si bien se cumple la distancia de seguridad a viviendas y viales a que obligan los requisitos de la licencia, será necesario dar cumplimiento a la distancia de cinco metros a linderos en los edificios de sus dependencias», por lo que anuló el permiso.