La Guardia Civil interviene más de 1.200 litros de orujo clandestino en Salvaterra, Meis y Vilaboa

Los propietarios de los galpones denunciados no tenían autorización para destilar y se confiscaron alambiques por no estar censados


Salvaterra

El reglamento sobre la producción de orujo gallego, vigente desde finales de la década de los año noventa, no ha evitado que siga produciéndose de forma clandestina en el rural gallego. Tanto el arraigo de esta tradición familiar, que se remonta a la época de los egipcios como la sabiduría popular que favorece su consumo atribuyéndole propiedades curativas como que «una copa de orujo refresca en el calor y calienta en el frío», hacen que la sociedad sea más condescendiente ante las denuncias por fabricación ilegal. Sin embargo se trata de una bebida espirituosa, con Consejo Regulador propio que controla la producción de los más de 300.000 litros que se destilan en Galicia cada año. El incumplimiento del reglamento conlleva sanciones pero con la intención de controlar la producción, potenciar la denominación de origen que aporta la calidad distintiva del orujo gallego y, sobre todo, evitar problemas de salud pública. 

La Guardia Civil ha intervenido en los últimos meses más de 1.200 litros y cuatro alambiques en los municipios de Salvaterra, Meis y Vilaboa. Es una actuación de la  Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, encolaboración con la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de Pontevedra. En un galpón de Meis se estaba utilizando un alambique que no estaba censado, al igual que otro confiscado en Vilaboa, por lo que se intervinieron los dos y se inmovilizaron unos 400 litros de aguardiente. Según indica la Comandancia de Pontevedra, «se levantaron varias actas denuncia por infringir la normativa que regula la Ley y el Reglamento de Impuestos Especiales, ya que los responsables no pudieron acreditar el pago de los impuestos obligados por esta actividad,carecían del código de actividad y establecimiento y no disponían de la preceptiva autorización para la destilación».

En Salvatrerra de Miño, la Guardia Civil inspeccionó otro galpón donde se destilaba aguardiente fuera del periodo de tiempo que tenía autorizado. En esta instalación se intervinieron cerca de 900 litros  por no acreditarse la autorización para su destilación ni el pago del impuesto devengado. Se incautaron además 248 precintas fiscales y un alambique.

«En todos los casos, las denuncias formuladas se remitieron a la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra, que es la autoridad administrativa competente en la materia», indica la Comandancia de Pontevedra.

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