La interventora de Redondela avisa de irregularidades en facturas desde el año 2022

Luis Carlos Llera Llorente
luis carlos llera REDONDELA / LA VOZ

REDONDELA

M.MORALEJO

La alcaldesa pedirá en el pleno un reconocimiento de 2,7 millones

06 jun 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

El Concello de Redondela tiene facturas sin pagar desde el año 2022. Suman al menos 2.767.000 euros. La intervención ha detectado irregularidades y por eso pide que se suspenda el expediente que hoy pretende aprobar la alcaldesa, Digna Rivas, en el pleno. La interventora pone reparos y exige dejar el procedimiento porque se ha hecho mal. Asegura que hay facturas que son del año 2022 que tenían que haber sido imputadas en el ejercicio del 2023 e indica que «existen unha serie de abonos á compañía suministradora de enerxía eléctrica que están pendentes de regularizar».

La funcionaria alerta de «unha serie de gastos a maiores no crédito extraordinario 1/2024 que non se contemplan neste expediente de recoñecemento extraxudicial». Desglosa varios asuntos que están pendientes de sentencia judicial. Así, avisa de la sentencia desfavorable para el Concello en relación con la concesionaria que gestiona la piscina municipal y también de que hay otro expediente en el juzgado por la revisión de precios solicitada por la constructora XAC «polas obras realizadas na praza de Ponteareas, contrato finalizado no ano 2022». Otra irregularidad contable detectada es la aprobación del precios por la recogida de basura de Urbaser aprobada en el 2024, «pero referente a exercicios xa pechados.

La técnica municipal concluye que el informe tiene que ser de reparo por «omitir aspectos necesarios no expediente».

La alcaldesa Digna Rivas (PSOE) prevé que el pleno municipal proceda al levantamiento de reparo del informe de intervención. Para ello necesita el apoyo de sus socios de gobierno.

La funcionaria que realiza el informe tomó posesión el 13 de julio del 2023 y desde ese mismo día hasta el 8 de septiembre se encontró con multitud de problemas informáticos que afectaban a la información económica y financiera del Ayuntamiento de Redondela. En esas mismas fechas fue cuando se produjo el ciberataque de Lockbit al Concello de Cangas, donde también hubo problemas para pagar a los proveedores. En el caso de Redondela no se ha comunicado si hubo un ataque similar, pero se produjeron «múltiples cortes y problemas» en el departamento de intervención y no era posible hacer el trabajo «con garantías» por culpa «das constantes interrucions e perda de acceso e información do aplicativo contable». La situación no se solventó hasta mediados de octubre.

Entre las operaciones que se vieron afectadas estaban las de la liquidación del presupuesto del año 2022. Cuando tomó posesión la interventora, había urgencia por recuperar la información debido a la cantidad de «licitaciones financiadas con fondos europeos que se atopaban paralizadas». En el Ayuntamiento se encontraron el verano pasado con que no había copias de seguridad de todos los datos.

El escenario europeo ahora es mas duro en cuanto al gasto. La interventora recuerda que en el año 2020, el año del covid, se suspendieron las reglas fiscales y esas suspensión se ha mantenido en los años 2021, 2022 y 2023, en los que las entidades locales no estuvieron obligadas a cumplir los objetivos de estabilidad pero que en este año vuelven a estar vigentes las reglas del juego, por lo que «xustamente para evitar que o ano seguinte se repitan esta tipo de situacións sería convinte que con carácter previo á adquisición de compromisos de gasto, se solicitase a correspondiente retención ou certificado de crédito para evitar insuficiencias», avisa la interventora.

Los concejales del PP Javier Bas y Ana Alonso censuran la mala gestión y van a votar en contra de reconocimiento extrajudicial porque creen que hacerlo a favor «podría tener consecuencias». Los populares creen que Rivas gobierna «a golpe de Facebook», improvisando actuaciones y contrataciones que luego hay que justificar, sin el debido respaldo en las consignaciones. Elevan las facturas sin pagar a cuatro millones de euros y aseguran que el Concello ha perdido subvenciones por tres millones. «Teñen contratos vencidos e prorrogados sen actualizar, teñen informes de intervención que manifestan a irregular praxe existente» y dicen que muchos proveedores no saben cuándo cobrarán.