Dos años y siete meses para dos empresarios por negligencias en la muerte de un trabajador

La fiscalía destacó las deficiencias en el material empleado por el fallecido


vigo / la voz

Un trabajador de la firma Serrería S.L., en Redondela, falleció sobre las 11 horas del 18 de junio de 2015. El empleado, según relata la Fiscalía, que pide 2,7 años de cárcel para los dos acusados, se encontraba soldando dos chapas metálicas, en el interior de las instalaciones, llevando puestos unos guantes de serraje, rotos, llenos de aceite y grasa, no aislantes de la electricidad, ni adecuados para la actividad de soldadura. También usaba una máquina de soldar eléctrica manual que se encontraba en un estado de conservación y mantenimiento deplorable, careciendo de todo tipo de protecciones y reguladores, tanto de potencia como de selección de tipo de corriente.

Todo ello, añade la Fiscalía, «dentro del marco de una instalación eléctrica general de la empresa en muy mal estado, carente de toma a tierra protecciones de interruptores». El ministerio público añade que a la causa del accidente mortal sufrido por el trabajador hay que añadir que «el servicio de prevención ajeno no había sido informado por el gerente de la empresa de la existencia de la máquina de soldadura que generó el accidente ni tampoco de que se usaran máquinas de soldadura en la zona del aserradero. «La carencia de la correspondiente planificación preventiva en la que se establecieran las medidas necesarias para eliminar o contrarrestar tal riesgo, la falta de formación del trabajador accidentado en materia prevención de riesgos laborales, y el no haber sido informado de los riesgos que comportaba el uso de una máquina de soldadura como la que le causó la muerte».

Responsabilidad civil

Los dos acusados, M.A.R., y M.T.A.R., «pese a estar obligados por la seguridad y salud de sus trabajadores en el desempeño de su actividad laboral, omitieron, poniendo en grave peligro la vida e integridad física de estos, facilitar al trabajador accidentado un equipo de trabajo seguro y en buen estado de conservación». Además de la pena de cárcel, los acusados tendrán que pagar a los familiares directos del difunto 207.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

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