Condenada una fábrica de Ponteareas por paralizar una mina de oro en Papúa

Debe asumir el pago de 260.000 euros a un contratista por la avería de su banda transportadora porque su aseguradora no quiso hacerse cargo


vigo / la voz

Papúa, un país boscoso y tropical de Oceanía que ocupa la mitad de la isla volcánica de Nueva Guinea, al norte de Australia, es un gran exportador oro pero la explotación está lastrada por la falta de infraestructuras en un territorio selvático, montañoso e inaccesible. Hace siete años, una empresa de Ponteareas contribuyó a resolver el transporte de mineral con la fabricación de una cinta transportadora de casi un kilómetro de longitud sin tocar el suelo que salvaba los desniveles de la jungla. Pero una avería en una mina de oro de Papúa generó un litigio que acaba de zanjarse en Madrid con la condena a la fabricante de Ponteareas.

Todo empezó cuando unas instalaciones de extracción de oro de Papúa quedaron paralizadas en el 2012 porque se averió la cinta transportadora de minerales recién instalada. Ese fallo mecánico derivó en una batalla legal al otro lado de las Antípodas, en Ponteareas, que siete años después terminó con una sentencia condenatoria de la sala de lo civil del Tribunal Supremo.

El litigio lo entabló una fabricante de bandas transportadoras de A Louriña contra su aseguradora para aclarar quién debía pagar los daños que la avería causó en la explotación de esta isla de Oceanía. La mina quedó paralizada y el contratista Doppelmayr reclamó 260.696 euros al fabricante de bandas transportadoras Kauman SA, con sede en Rasela, Bugarín, en Ponteareas. Tanto el juzgado de la localidad, como la Audiencia de Pontevedra y el Supremo dieron la razón a la aseguradora, a la que eximen de pagar porque la póliza tenía delimitado su riesgo y solo cubría la fabricación de piezas transportadoras y pavimentos de goma y no su instalación ni colocación.

En junio del 2011, la firma austríaca Doppelmayr contrató a Kauman para fabricar 806 metros de una banda transportadora denominada RopeCon para una mina de oro de Papúa. Doppelmayr tiene un proyecto en la isla de Simberi para ayudar a la compañía Simberi Gold a extraer mineral de oro y llevar el material excavado al valle para procesarlo. El clima tropical con las lluvias fuertes hace intrasitable la carretera. La solución fue fabricar una cinta transportadora de 2,7 kilómetros en una sola sección y apoyada en tres torres, una situada cada 850 metros. Puede mover 25.000 toneladas a la hora.

Doppelmayr le encargó luego a los ponteareanos que realizasen los empalmes de la banda. Para hacer el montaje, Kauman subcontrató a una empresa de Valdemoro, en Madrid. Pero, la operación de empalme de la banda fue defectuosa y paralizó la mina de oro en mayo del 2012.

Kauman indemnizó a su contratista austríaco con 260.686 euros y luego fue a los tribunales a reclamar el dinero al seguro al considerar que ese siniestro estaba cubierto, entre otras cláusulas, por la póliza de responsabilidad civil subsidiaria de subcontratistas. Alegó que había un fondo de 1,2 millones de euros para cubrir daños a terceros causados por sus productos, sobrevenidos tras la entrega y por un vicio propio de la mercancía o un error cometido durante su montaje. La aseguradora se negó a pagar.

Un pleito de siete años

Kauman demandó a su aseguradora en el juzgado de Primera Instancia número 2 de Ponteareas, pero esta rechazó la petición. Argumentó que los trabajos de instalación en Papúa no fueron hechos por los empleados de Kauman sino por la subcontratista madrileña y que la asegurada no había elegido a la instaladora. Vio «natural» que la compañía no asumiese el riesgo, delimitado por una cláusula pero no limitado, lo que no vulneraba los derechos del asegurado.

La fabricante ponteareana apeló a la sección primera de la Audiencia de Pontevedra, la cual reconoció en el 2016 que para enfocar bien el caso había que estudiar la cobertura del siniestro en la modalidad de responsabilidad civil subsidiaria de subcontratistas, según la condición especial 204 de la póliza. Para pagar la garantía, exigía como requisitos que los subcontratistas fueran declarados responsables de los daños causados en el siniestro, que dicha empresa fuese insolvente y no tuviese seguro contratado o capital insuficiente para responder. La Audiencia concluyó que no se cumplían dichos requisitos y dio la razón otra vez a la aseguradora.

Y el Tribunal Supremo, lo confirma. Dice que los trabajos no fueron realizados por los empleados de Ponteareas sino por una tercera empresa autónoma, bajo encargo, y que el contrato del seguro es claro porque delimita los límites del alcance del riesgo.

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