Condenan a un urólogo de Ponteareas a pagar 30.000 euros tras la muerte de un paciente por no pedir pruebas para detectar un tumor

El abogado de la viuda cree que representa «un caso más de una muerte evitable»


Vigo

La aseguradora de un urólogo con consulta privada en Ponteareas deberá indemnizar con 30.000 euros a la viuda de una paciente que falleció en abril del 2012, ya que los juzgados de Madrid consideran que, si se hubiesen pedido las pruebas recomendadas para determinar la presencia de un tumor, podrían haber aumentado sus posibilidades de supervivencia. 

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que cabe recursoha estimado parcialmente la demanda y añade a la indemnización los intereses desde el 2012. 

El paciente, Daniel S. fue atendido en varias ocasiones por Ignacio M-S.L. en el policlínico San Miguel de Ponteareas, así como en centros de Atención Primaria del Sergas de la zona, entre noviembre de 2008 y enero de 2010.

Más pruebas

El hombre informó en enero del 2009 de la presencia de sangre en la orina, para lo que el facultativo, que lo atendió en la consulta privada, ordenó una ecografía y pidió una revisión dos meses después. Uno de los peritos asegura que la prueba es correcta pero tendría que haberse seguido de cerca al paciente para estudiar la evolución. Otro apunta a que hubieran sido necesarias más pruebas: «una citología, una citoscopia, y un estudio del tracto urinario superior»

Mientras, un segundo perito ha señalado que «se tendrían que haber realizado». Debido a que la hematuria es uno de los signos de la presencia de un tumor, este profesional ha afirmado que «se tendrían que haber hecho las pruebas necesarias para descartarlo desde el primer momento».

Además, la sentencia ha recogido que los dos peritos han determinado que no existe ningún dato que permita aclarar la etiología de la hematuria. También se ha apuntado que se han mostrado de acuerdo en que se recetó al paciente la «medicina prevista para el tratamiento de la infección», así como que «no existen datos objetivos» que permitan comprobar su existencia.

Alerta

El tribunal ha reflejado que el urólogo «no le dio mayor importancia» al hecho de que el paciente no se sometiese al TAC y no le advirtió de la importancia de hacerlo. Eso, unido «no actuó conforme a las normas de la buena praxis».

Por su parte, la parte denunciante había alegado la existencia de un caso de mala praxis por parte del doctor al considerar que había infravalorado «los factores de riesgo, signos y síntoma». También había considerado que se produjo «una omisión de pruebas diagnósticas básicas, y ausencia de información y de consentimiento informado válido». Por estos motivos, había exigido una indemnización de 120.000 euros.

El abogado de la viuda del paciente fallecido, Cipriano Castreje, ha incidido en que se trata de «un caso más de una muerte evitable» y ha lamentado que el urólogo no hubiese detectado el tumor de un modo precoz.

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