El documento busca legalizar el establecimiento hostelero
23 oct 2021 . Actualizado a las 01:46 h.El pleno de Oia aprobó ayer (con los 6 votos a favor del PP y tres abstenciones del PSOE), la solución urbanística llamada a salvar el talaso, sobre el que pesa una orden de derribo. Se trata de un plan especial de infraestructuras y dotaciones para la instalación de talasoterapia con el que se intenta legalizar el establecimiento hostelero de cuatro estrellas en el que trabajan más de medio centenar de personas.
«Evidentemente, o Concello ten que facer o posible, dentro do marco xurídico, para tentar regularizar a situación do complexo. O Concello non tería capacidade económica para asumir un derribo e unha indemnización dese calado», advierte la alcaldesa, Cristina Correa. El documento, redactado por el bufete de Calixto Escariz, se expondrá ahora al público. «Na seguinte fase recavaranse tamén os preceptivos informes sectoriais . Xa temos algún, como o de Costas, que é bastante restrictivo e, con todos terán que facerse as correspondentes adaptacións para poder chegar á aprobación provisional», señaló la regidora.
Tuvo que celebrarse un pleno extraordinario para aprobar el plan debido a la necesidad de cumplir con los plazos que dictamina el juzgado y que requirió al Concello un avance en la tramitación del plan. Hace cuatro años que el juzgado amenaza a la regidora con multas coercitivas por no hacer el derribo parcial. Xunta y Concello intentan salvar el negocio amparándose en la nueva Lei do Solo «que permite construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo que sean potenciadoras del medio en que se ubiquen» y en el Plan de Ordenación Litoral, que considera la talasoterapia «uso autorizable en suelo rústico».
El edil del PSOE, Gerardo Rodríguez, explicó la abstención de su grupo «porque cuestionamos a viabilidade do plan». «Non vemos un documento para resolver unha situación senón para evitar multas do xulgado», indicó.
El hotel se levantó con las licencias concedidas por el Concello en el año 2000, pero que fueron anuladas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia nueve años después «por carecer de la preceptiva autorización autonómica» y estar amparadas en una ordenanza que nunca se publicó en el BOP. En el 2012, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra determinó la ejecución forzosa de la sentencia con el subsiguiente derribo de las obras amparadas en las licencias anuladas.