Un nuevo desastre natural podría volver a producirse en el municipio pontevedrés de Oia si no se toman medidas urgentes para retirar las más de 3.000 toneladas de tierra procedentes de un vertido del embalse que una minicentral eléctrica explota en Burgueira.
El fango que taponó irremediablemente las pozas en esta zona de Oia el pasado mes de junio supone ahora una amenaza para las siguientes que se encuentran río abajo, las conocidas pozas de Loureza, uno de los principales atractivos turísticos que tiene el municipio.
Se trata de un lugar muy frecuentado en verano no solo por los vecinos de la zona, sino también por numerosos amantes de la naturaleza, que acuden atraídos por la belleza paisajística del lugar. Corren peligro la poza de Folón, así como las cascadas de Loureza, que se encuentran a menos de un kilómetro de la zona afectada por el vertido.
El presidente de la comunidad de montes, Cándido González Giráldez, afirmó ayer que si desde las Administraciones públicas continúa sin tomarse ninguna medida, las pozas podrían desaparecer antes de que llegue el invierno. Todo depende de las lluvias que caigan a lo largo de los próximos días.
La tormenta que descargó sobre el monte de Oia el pasado fin de semana provocó una nueva riada que desplazó toneladas de arena más de 400 metros río abajo. El vertido se encuentra ya a menos de un kilómetro de las pozas de Loureza. «Basta con que llueva un par de días para que tengamos un nuevo desastre», manifestó ayer el representante comunal.
La burocracia
Pero mientras la necesidad de una actuación urgente apremia, la Confederación Hidrográfica del Norte aún no ha evaluado los daños para abrir un proceso sancionador. No hay fecha para llevar a cabo la retirada de toda la tierra acumulada.
Primero hay que elaborar un informe de la situación, para después remitirlo a los servicios jurídicos para que emitan otro informe previo a una resolución final.
Este organismo podría acabar obligando a la empresa supuestamente responsable del incidente a la retirada de toda la arena. Portavoces de la confederación informaron de que la empresa Hidrotide incumplió las condiciones de autorización para llevar a cabo el vaciado de la presa.
Una vez evaluados los daños medioambientales, la Confederación Hidrográfica incoará un expediente sancionador sobre la empresa. Afirma que la multa dependerá de la gravedad de las consecuencias ambientales.
Todo parece indicar que se trata de una infracción grave, por lo que la sanción podría alcanzar los 300.000 euros. Por su parte, portavoces de la Consellería de Medio Ambiente afirmaron que no tienen competencias en este caso debido a que no se registraron daños sobre la fauna piscícola.