La demanda reclama que no se incluya a los caballos salvajes como explotación
06 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Tribunal Supremo estudiará la demanda presentada por las asociaciones de ganaderos contra el decreto equino de la Xunta. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó el recurso hace justo un año pero el alto tribunal lo admite ahora en casación, confirmó el letrado Javier Álvarez Blázquez, secretario de la asociación de ganaderos Monte da Groba. El decreto del 2012 se hizo muy impopular por la obligatoriedad de colocar el microchip identificativo a los caballos salvajes para su identificación. Pero lo que reclaman los ganaderos que cuidan la única cabaña de caballos salvajes del mundo es que el decreto no afecte a sus garranos «porque va dirigido a las explotaciones ganaderas equinas y ese no es el caso». A día de hoy, más de la mitad de los ejemplares que galopan por los montes desde Vigo a O Rosal ya tienen el dispositivo electrónico. El problema se centra en esta Ley los obliga a cumplir una serie de trámites burocráticos «propios de las explotaciones ganaderas». «No tienen nada que ver tener caballos en las cuadras con que estén en el monte y no se les puede considerar ganado sino animales salvajes», defiende el abogado Javier Álvarez Blázquez. Además su cuidado, apunta, «no solo no conlleva ningún lucro económico, sino que asumimos gastos para poder mantener una tradición». La demanda considera que el decreto no debe afectar a estos caballos, ya que va dirigido a las explotaciones ganaderas equinas y ese no es el caso de los garranos
Ya han asumido el chip pero insisten en que es innecesario porque ya existen las marcas tradicionales a fuego y registros «que son mucho más útiles». «Ahora los caballos ya están identificados y asegurados, que era lo importante. Pero no somos explotaciones ganaderas, por lo que debe haber una regulación específica para nuestra actividad que nada tiene que ver con el lucro, si no con la conservación de la raza y la preservación de la tradición de los curros», insisten desde la asociación Monte da Groba. Incluirlos como explotación los obligaría a asumir requisitos propios de granjas que consideran totalmente inadecuados para la cría en libertad, como la presentación de un registro de pastos y de explotación. De antemano, indican, sería imposible llevar un registro de altas y bajas teniendo en cuenta que son animales salvajes en el monte. «Nuestra actividad tiene que estar regulada por conservacionismo de la especie. Queremos asumirla con los libros de marcas, de socios y los estatutos de cada asociación», señala Javier Álvarez Blázquez.
Su cruzada por salvaguardar la exhibición etnográfica más antigua de Galicia ha ganado la batalla a la crisis y al exilio de cientos de caballos que acabaron en Portugal por no poder asumir sus costes de mantenimiento. La cabaña no solo consigue estabilizarse sino que empieza una recuperación «tímida pero sostenida». «Calculamos que este año han nacido unos 200 potros así que, a día de hoy, ha de haber entre 1.500 y 1.700 caballos salvajes en A Serra da Groba, es decir entre Vigo, Gondomar, Tomiño y O Rosal», explica la asociación de ganaderos.
«Debe haber una regulación específica para nuestra actividad, que nada tiene que ver con el lucro»
Javier Álvarez Blázquez