La imposibilidad de precisar el día del crimen del pozo de O Porriño condiciona la resolución del caso
O PORRIÑO
El Imelga informa que el mal estado del cadáver impide saber la fecha, que solo pueden fechar seis meses antes de hallar el cadáver
28 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El crimen del ciudadano luso Carlos Alberto Videira do Orfao en O Porriño implicó una de las investigaciones más complejas de este campo de la última década en Galicia. Primero por la imposibilidad de identificar el cadáver, tras su hallazgo casual en el 2021, por su mal estado tras al menos tres años en un pozo en desuso en O Porriño (la muerte tuvo lugar en algún momento a partir del 18 de octubre del 2018). También por la complejidad que implica reconstruir unos hechos con años de diferencia, cuando la investigación dependen de la parte tecnológica. Pero la instrucción fue avanzando hasta imputar a tres hombres como presuntos responsables de la muerte violenta, ya sea directamente o por colaboración. Dos de ellos incluso estuvieron en prisión provisional por este crimen varios meses desde diciembre del 2022. Pero la instrucción del Juzgado número 3 de O Porriño se fue desinflando hasta retirar la condición de investigados a los tres hombres y solicitar el sobreseimiento de la causa en connivencia de criterio con la Fiscalía.
La acusación que representa a la familia de Carlos Alberto Videira recurrió el archivo y la Audiencia de Pontevedra ordenó reabrirlo. Argumentó que faltaban líneas de investigación por explorar, detallando en qué extremos del caso debía ahondarse. Uno, que la Audiencia considera fundamental para resolver el caso, implica saber la fecha de la muerte lo más exacta posible. Eso implicaría cotejar los datos de los teléfonos de los sospechosos para confirmar o desmentir que estuvieron en la escena del crimen el día o la noche de autos. El juzgado reclamó la información requerida por la Audiencia Provincial al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), que realizó la autopsia del cadáver. La respuesta ya está en manos del juzgado a través de un informe fechado el día 3 de este mes. La principal conclusión implica confirmar que resulta imposible determinar la fecha del crimen con precisión o incluso con un margen de días por el mal estado del cuerpo en el momento del hallazgo.
Solo estimación
Los médicos forenses del Imelga en la provincia de Pontevedra añaden que sí es posible hacer una estimación de la fecha de la muerte, pero no siempre pueden determinar una fecha exacta, especialmente cuando ha pasado mucho tiempo. Esta estimación se realiza evaluando las características evolutivas de la descomposición (fenómenos líticos o putrefactivos) del cadáver. Sin embargo, los forenses señalan que esta evolución está sometida a numerosos condicionantes que pueden retrasar o adelantar la putrefacción.
Apelan a los condicionantes intrínsecos del propio cadáver, como la edad, la constitución física, la presencia de enfermedades previas o el uso de medicaciones. También citan las condiciones ambientales como la temperatura, la humedad, o si el cuerpo se encontraba al aire libre o confinado. La principal limitación a la que se enfrentan es que a medida que transcurre más tiempo entre la muerte y la valoración médica, el margen de error es exponencialmente mayor y las limitaciones para dar una fecha precisa pueden llegar a ser insalvables.
En el caso específico del crimen de O Porriño, los forenses solo pudieron ofrecer ventanas de tiempo y compatibilidades. En el primer informe establecieron que la muerte había ocurrido al menos seis meses antes del hallazgo del cuerpo. Posteriormente, propusieron una horquilla temporal entre los meses de agosto de 2019 y agosto de 2020. Finalmente, ante la imposibilidad de dar una fecha exacta por el estado del cadáver, se limitaron a confirmar que una fecha concreta que se baraja como posible día del crimen (el 13 de enero de 2018) es «completamente compatible» con el fallecimiento. Los forenses concluyen que la data de la muerte se establece al menos seis meses antes de la fecha del levantamiento, ocurrido el 21 de febrero del 2021.
La Audiencia de Pontevedra ordenó a mayores otras diligencias de investigación enfocadas al análisis forense y la telefonía móvil para esclarecer la muerte de Carlos Alberto Videira. La Audiencia considera necesario completar la información médica forense debido a la ausencia de un informe de autopsia definitivo en la causa. Además de requerir al Imelga determinar la fecha de la muerte, también reclama conocer la causa definitiva del crimen. Se reclama igualmente que se pronuncien sobre si el estado en que se encontró el cuerpo es compatible con haber permanecido en el pozo desde el día de su desaparición. A mayores, los forenses deben trabajar con las fechas aportadas por el investigado que confesó su versión de los hechos aportando el día exacto de la desaparición, y que podría ser la misma del crimen.
Sin ropa
La Audiencia requiere también un informe sobre el hecho de que la víctima fuera hallada despojada de sus ropas, vistiendo únicamente calzoncillos y calcetines. El tribunal ordena igualmente profundizar en el análisis de los datos tecnológicos para contrastar las coartadas y movimientos de los investigados. Se solicita un resumen explicativo de llamadas y ubicaciones de los investigados y de la víctima. La Policía Judicial de la Guardia Civil en Pontevedra deberá realizar un cruce de datos de los móviles de la víctima y de los tres investigados entre el día 13 y la mañana del 14 de octubre de 2018. Este informe deberá destacar qué coincidencias de llamadas y ubicaciones son compatibles o incompatibles con la versión del testigo que confesó su versión de lo ocurrido.
Se debe confirmar si a las horas referidas en los informes técnicos de la Guardia Civil se les debe sumar o no un margen de dos horas. También se informará sobre qué repetidores de telefonía dan cobertura a la ubicación del pozo donde apareció el cadáver, y determinar si la ubicación que sitúa a uno de los presuntos autores materiales del crimen en Mosende y Cerquido el 13 de octubre del 2018 es compatible con su presencia en la finca donde se halló el cuerpo. Por último, los agentes de la Guardia Civil encargados del caso tendrán que ampliar el período temporal de geolocalización para investigar si es posible recabar y analizar más datos de ubicación sobre los tres investigados.