La justicia desautoriza a la Policía Local de O Porriño en su pulso con la Guardia Civil

J. R. VIGO / LA VOZ

O PORRIÑO

La Guardia Civil durante un operativo en O Porriño en el 2021 en colaboración con la Policía Local.
La Guardia Civil durante un operativo en O Porriño en el 2021 en colaboración con la Policía Local. M.MORALEJO

El CGPJ recuerda a los agentes locales que tienen que dar copia de sus atestados

23 jun 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

La cronología del enfrentamiento entre la Policía Local de O Porriño y la Guardia Civil comenzó el 9 de enero con un acuerdo de la junta general de jueces de O Porriño. Lo aprobado oficializó el pulso que mantienen ambos cuerpos: «Se acuerda recordar a la Policía Local del Partido Judicial de O Porriño la obligación de comunicar y remitir los atestados por causas por delito que se elaboren a la Guardia Civil competente tras la práctica de las primeras diligencias de prevención, de acuerdo con lo ordenado en la Ley Orgánica 2/1986». 16 días después, la jueza decana de O Porriño dictó otro acuerdo: «Se aclara que, en relación al acuerdo adoptado en fecha 9 de enero de 2024, es suficiente con la remisión de copia del atestado, sin que sea necesaria la remisión del atestado original».

Ambos acuerdos no agradaron al jefe de la Policía Local de O Porriño, Daniel Rodríguez. Respondió el 23 de febrero presentando un recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial. Su argumentario denuncia que «en los casi 26 años ejerciendo como policía local nunca se produjo un acuerdo gubernativo de esta singularidad; si bien esto sucede, desde la nueva incorporación de un capitán de la Guardia Civil de la Compañía de Vigo. Dicho funcionario público está tratando de que la Policía Local sea su subordinada, confundiendo la coordinación entre dos unidades policiales, con subordinación». Ahí está el fondo del problema, pero también el origen de las consecuencias. Principalmente generar duplicidades. Sin coordinación entre ambos cuerpos, se investigaron a veces los mismos hechos de manera paralela; llegándose a dar la situación de llamar a testigos para declarar dos veces, una para cada cuerpo. Pero el jefe de la Policía Local de O Porriño considera que tiene la razón y no la obligación de aportar copia de los atestados a la Guardia Civil. Lo pensaba antes de los dos acuerdos adoptados por los juzgados de la zona, y lo pensó también después al redoblar su posición ante la máxima figura judicial del Estado.

Otro argumento de Rodríguez, resuelve el CGPJ, para «rehusar el cumplimiento de dicha obligación es que al final de cada año envía a la Guardia Civil un documento en el que se indican el número de atestados realizados por cada tipo de delito, sin más especificaciones; alegando que eso ya cumple el deber de comunicación de dicha ley». La tesis de la Policía Local de O Porriño, representada en su mando superior, ha sido desestimada.

Recordatorio

El primer argumento resulta elocuente para situar a cada parte en su posición natural: «El acuerdo impugnado se limita a remitir un recordatorio de un deber legal, cuyo destinatario es la Policía Local. En él se especifica el modo en que la Policía Local debe cumplir su función de colaborador con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cuanto desarrollen labores de policía judicial». La resolución del CGPJ añade: «Ante la falta de colaboración de dicho cuerpo [Policía Local] y el incumplimiento de sus obligaciones legales, se hizo necesaria la adopción del acuerdo, como la medida más comedida posible, a la espera de que se proceda por la policía local a cumplir sus obligaciones legales y no haga necesaria la adopción de medidas más gravosas en caso de persistir los incumplimientos. Posteriormente, y tras una reunión mantenida con los jefes de la policía local del partido judicial, se dictó el acuerdo aclaratorio para resolver las dudas sobre el alcance del acuerdo, en relación a si era necesario atestado original o bastaba con una copia».

El alegato desestimado solo puede recurrirse en un contencioso administrativo

El relato cronológico y oficial de hechos evidencia que el problema entre la Policía Local de O Porriño y la Guardia Civil comenzó al menos el año pasado. La resolución judicial expone que ante la interpretación de sus obligaciones, la Policía Local se reunió con las juezas de O Porriño. Allí se expuso la obligación de cada uno y se recordó que la Guardia Civil tiene que recibir copia de los atestados. Pero aquello no fue suficiente para que la diferencia de criterios siguiera ganando altura hasta llegar al CGPJ. Ahora, una vez desestimado la tesis de la Policía Local, está por ver si el jefe de la Policía Local de O Porriño seguirá redoblando el pulso por la única vía posible: iniciar un procedimiento contencioso administrativo.

El recurrente también pretende que se declare la nulidad del acuerdo de la junta sectorial de jueces de O Porriño (Pontevedra) y el acuerdo complementario de la jueza decana del mismo partido judicial. La petición abre otro frente, a mayores del perpetuado con la Guardia Civil, contra las personas al frente de los tres juzgados de la zona. Pero el CGPJ también se pronunció sobre esto. Recuerda y argumenta que ambos acuerdos del pasado enero están legitimados: «Se trata de una actividad sobre la que los jueces de instrucción no pueden permanecer ajenos, pues ello redundaría de manera negativa en el ejercicio de la jurisdicción». El CGPJ añade que los jueces de instrucción no pueden pasar por alto el «incumplimiento reiterado» de la ley. Y que en el caso de O Porriño, hicieron lo que tenían que hacer.