El juez anula un millón de euros en reconocimientos extrajudiciales de crédito en O Porriño

El juzgado de lo contencioso Número 1 de Pontevedra ha anulado los acuerdos por los que el pleno de O Porriño aprobó dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 1,5 millones de euros para pagar facturas. La sentencia falla a favor del portavoz del PP, Alejandro Lorenzo, que recurrió los acuerdos del 27 de octubre y del 30 de octubre del 2019, revocando la totalidad del reconocimiento, a excepción de los créditos referidos a las facturas por descontaminación de lindano y por iluminación, de 389.140 y 202.915 euros, respectivamente, «respecto de los que la interventora reconoció haberse contratado legalmente».

El auto, contra el que cabe apelación, indica que las demás facturas se refieren a servicios o suministros prestados «con omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido». Los gastos, añade, «proceden de encargos verbales efectuados a por autoridades o personal de la corporación municipal a terceros, sin tramitar procedimiento alguno, sin expediente de contratación, sin prefijar el precio o presupuesto, sin reserva de crédito, sin comprobar los requisitos de capacidad y solvencia del empresario, sin licitar, sin formalizar contrato y sin cumplir tampoco ni una sola de las formalidades exigibles». La persona que ejercía de interventora municipal cuando se dictaron los actos impugnados, reconoció en su declaración testifical en el juicio, que «en el Concello de O Porriño está práctica irregular es masiva y generalizada, pese a sus advertencias expresas para que cesasen». Hasta el punto, añade, de que «por aquel entonces, aproximadamente el 40 % del gasto corriente anual por este tipo de conceptos, se realizaba sin contrato y al margen del presupuesto». De 12 millones de euros de gasto en el ejercicio presupuestario, especifica, «5 millones obedecían a encargos irregulares». 

La sentencia considera que el Concello de O Porriño no ha acreditado el cumplimiento de los condicionantes necesarios para poder aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito «sobre las prestaciones realizadas sin contrato, mediante encargo verbal». Tal y como señalaron la interventora y el secretario en sus respectivas declaraciones testificales, en los expedientes «no se incluyen las facturas, (solo extractos que presentó el propio demandante, con sus alegaciones y voto particular), tampoco constan los necesarios informes técnicos de los servicios municipales acreditativos de la correcta ejecución del servicio ni de la corrección del precio». Igualmente indica la «falta de identidad de la persona concreta que habría realizado cada cargo ni se indica nada sobre las medidas a adoptar frente a los responsables de los encargos ni para evitarlos en el futuro»

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