El juzgado de lo contencioso deriva a la vía penal contratos a dedo del Concello de O Porriño
O PORRIÑO
«No voy a ser cómplice de irregularidades», señala el juez
31 ene 2021 . Actualizado a las 01:33 h.El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra considera «sumamente grave» la «actuación irregular» del Concello de O Porriño de realizar encargos verbales de obras sin procedimientos de contratación pública. El tribunal señala que merecen «una mínima reacción fiscalizadora y disciplinaria».
El juez sospecha que alguna autoridad o funcionario ha encargado servicios masivamente de manera verbal, directa y encubierta «a sujetos privilegiados por cantidades muy elevadas vulnerando la legalidad vigente». Cree que se ha hecho con la idea de que luego se remunerasen con reconocimientos extrajudiciales de crédito o reclamaciones judiciales, que generalmente se estimaban con el perjuicio adicional para el Concello, al añadir intereses y costas.
«Este jurado no va a ser cómplice de estas prácticas y se ve obligado a emitir sendos testimonios de particulares para que el Tribunal de Cuentas y la jurisdicción penal las investiguen exigiendo responsabilidades», afirma el juez en una sentencia que resuelve la demanda de una empresa que no cobró unos servicios prestados al ayuntamiento.
La entidad mercantil Excanando interpuso un recurso contencioso administrativo por el impago de cuatro facturas giradas en el año 2017 por los servicios prestados sin contrato, consistentes en la limpieza y desbroce de viales.
La empresa demandante reconoció en el juicio que fue contratada de forma verbal y que ejecutó los trabajos correctamente con la conformidad del Ayuntamiento. La empresa percibió del Concello 191.724 euros y reclamaba otros 85.668 euros más por la prestación ininterrumpida de un servicio durante trece meses. Pero es difícil demostrar la cantidad que se debe cuando no ha mediado ninguna orden ni contrato que quede reflejado en un papel. Por este motivo, el juez ha desestimado la demanda y le ha dado un tirón de orejas a la empresa demandante por haber participado en un procedimiento ilícito en el que asumía el riesgo de no cobrar.
La autoridad judicial se ha llevado las manos a la cabeza al comprobar la existencia de nueve facturas prácticamente iguales que el Concello abonó a esta empresa hasta sumar los 191.724 euros. Es la prueba de que fueron «servicios adjudicados a dedo, con omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido».
Sin investigar
Sentencia el juez que el Concello de O Porriño, como mínimo, debía haber abierto una investigación interna para depurar responsabilidades internas frente a la autoridad o funcionario que promovió esta actuación irregular y evitar que estas prácticas se sigan realizando. «Al no haberlo hecho, es necesario que la máxima autoridad de control o incluso la jurisdicción penal investiguen lo sucedido y exijan responsabilidades».
El magistrado cree que esta forma de proceder es «una actuación administrativa consciente y groseramente ilegal. A estas alturas ninguna autoridad pública ni funcionario puede ignorar que las contrataciones públicas precisan de una previa consignación presupuestaria y autorización del gasto. Y las de importe más relevante deben someterse a licitación». Considera que suponen un «perjuicio notorio al interés público y afecta también a los principios de libre competencia en la actividad económica». Señala que la adjudicación «directa y privilegiada» a una determinada empresa, de manera clandestina «ha perjudicado a todas sus competidoras que podrían haber concurrido a su licitación». Sostiene que lo grave es que no se trata de una actuación puntual, sino que es una práctica que el Concello ha llevado a cabo con carácter sistemático y de forma generalizada.
La sentencia ha admitido la personación del concejal del PP, Manuel Alejandro Lorenzo, por ser miembro de la corporación municipal y portavoz del principal partido de la oposición, defendiendo su labor fiscalizadora.