Una familia, amenazada de muerte en O Porriño por los exinquilinos de su piso que les deben 20.000 euros

«Mi hijo está aún de baja por el daño en las cervicales y los tres tenemos aún el miedo en el cuerpo». La que habla es Samantha Carballo, propietaria de un piso en O Porriño, víctima de una presunta agresión por parte de los antiguos inquilinos de su piso en alquiler, «que actualmente están de okupas en el de encima». Su hijo y su marido tuvieron que ser trasladados en ambulancia al hospital el lunes y ser atendidos por numerosos golpes en cabeza y cuerpo. La Guardia Civil detuvo esa misma noche a uno de los vecinos de esta urbanización, conocida como la Fase III, de Torneiros, como supuesto autor de la agresión. Según el relato de la familia, que ya ha presentado la correspondiente denuncia, «fueron más de una treintena de amigos y familiares de nuestros antiguos inquilinos los que ese día nos cercaron y agredieron».

La Guardia Civil, que tuvo que desplegar entonces un fuerte dispositivo de seguridad ciudadana para dar apoyo a la Policía Local, ha confirmado que investiga los hechos. Ya se tramitaron las correspondientes diligencias, a las que suman las denuncias de los afectados y se les ha dado traslado al juzgado de guardia de O Porriño, encargado del caso. Ante él, explican las mismas fuentes, tendrá que comparecer el arrestado, que quedó en libertad el mismo día de su detención.

«Desde entonces aún no he pegado ojo. Llevo tres noches sin dormir», aseguró ayer a La Voz Samantha Carballo. Ella también ha denunciado las presuntas amenazas. «A mi marido lo golpearon en la cabeza, a mi hijo lo patearon entre seis y a mí me dijeron a la cara: Estáis muertos tú y tu familia. ¿Cómo no vamos a estar aún asustados?», reflexiona 72 horas después del incidente.

«Cuatro años de tensión y ahora, con este miedo en el cuerpo, tenemos que ir allí a diario para evitar que nos lo okupen»

Ellos acudieron a la urbanización el lunes alertados por un familiar de que les habían echado Loctite en la puerta. Al llegar se desató el enfrentamiento. «Nosotros nunca hemos tenido ningún problema antes con nadie. Somos payos y ellos gitanos zamoranos, pero tampoco queremos que, por culpa de esa familia, se manche la imagen de toda la comunidad de zamoranos, con los que siempre nos hemos llevado muy bien y así queremos que siga siendo», insiste Samantha Carballo, para quien el impacto emocional supera con creces el económico. «Dejaron nuestro piso tras cuatro años y justo el día anterior a que se ejecutara la cuarta orden de desahucio judicial, me devolvieron las llaves, pero con una extorsión, porque me dijeron que me las daban si no les reclamaba nada más», sostiene Samantha Carballo. Eso fue el 10 de junio del año pasado. Explican que los daños, de puertas adentro, suman más de 20.000 euros. «Más de 15.000 perdidos por impago de las cuotas de alquiler, 3.200 de agua con orden ya de embargo, otros 684 de comunidad y ahora esperando la multa de Fenosa porque estaban enganchados ilegalmente a la luz pública», suma la madre de esta familia. «Pero lo peor, es el daño psicológico. Cuatro años de tensión y ahora con este miedo en el cuerpo tenemos que ir allí a diario para evitar que nos lo ocupen o destrocen. Solo queremos vivir en paz, también con nuestros demás vecinos zamoranos», insisten los afectados. Un cerrajero, custodiado por la Guardia Civil, cambió la cerradura dañada.

---

---

---