El Concello de O Porriño no ve trato de favor en contratar al juez que absolvió a la alcaldesa

El magistrado fue fichado para impartir dos cursos en el ayuntamiento

La regidora, Eva García de la Torre, preside un pleno municipal
La regidora, Eva García de la Torre, preside un pleno municipal

o porriño / la voz

El gobierno de O Porriño negó ayer que pueda existir un trato de favor hacia el magistrado que absolvió a la alcaldesa y que ha sido contratado a dedo dos veces para impartir cursos en el Concello. Afirman en un comunicado que tanto la participación del magistrado Juan José Trashorras como la de otros profesionales de la judicatura que colaboran con el Concello se realiza mediante convenios de colaboración con la Academia Gallega de Seguridad y mediante contratos menores, tal y como establece la normativa vigente.

En el caso concreto de la colaboración para actividades formativas, es el inspector jefe de la Policía Local de O Porriño quien se encarga «de forma exclusiva» de seleccionar el personal docente que tenga acreditada experiencia laboral sobre la materia que se deba impartir, ya sean funcionarios policiales, ya sean de la carrera judicial (tanto fiscales como jueces o magistrados), y siempre con el visto bueno del departamento de formación de la Academia Gallega de Seguridad. «Ningún político tiene contacto con estos profesionales contratados de forma directa para la formación; es el técnico el que los propone y está estipulado por ley que sea la alcaldesa en ese caso quien firme los contratos menores».

Señalan que Juan José Trashorras impartió un curso teórico sobre legítima defensa a más de cien mujeres. «Tuvo una elevadísima repercusión mediática y en redes sociales. No se ocultó, sino que se subrayó la participación del juez, que apareció en numerosas imágenes. Fueron las mujeres del curso quienes avalaron en la encuesta el buen hacer y modo de comunicar del magistrado», señalan desde el Concello. Debido a su buena valoración, se le propuso para impartir otro curso a los funcionarios policiales.

Añaden que no hay ningún impedimento legal ni ético para que el juez ejerza una actividad docente.

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