Una concejala de O Porriño lleva a juicio a la CIG por un supuesto despido por razones ideológicas

e. v. pita VIGO / LA VOZ

O PORRIÑO

La trabajadora fijo-discontinua demandó al sindicato por no renovarle una campaña después de cambiarse del BNG al grupo Non Adscritos

26 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

La concejala de O Porriño del grupo No Adscritos, Sabela Landín, ha presentado una demanda laboral contra la CIG al considerar que su despido fue improcedente porque fue motivado por cuestiones ideológicas. El juicio se celebrará el 19 de noviembre en el Juzgado de lo Social número 1 de Vigo tras fracasar la cita de conciliación porque no acudió el sindicato, lo que viene a confirmar su despido de forma implícita.

La edila explicó ayer que el sindicato no le renovó su contrato de servicios como trabajadora fijo-discontinua en la campaña de la renta del 2018 porque, en su faceta de cargo electo en O Porriño, cambió de partido, tras ser expulsada del BNG y pasar al grupo No Adscritos. Ve una relación de causa-efecto entre su salida del Bloque y que la CIG, tras cinco años, no se le renovase como administrativa en la campaña de la renta.

Landín comenta que no recibió ningún aviso de que no renovaba hasta que en mayo un afiliado le comentó que ya estaba anunciada la nueva campaña. «Levaba cinco anos alí e deixaron de chamarme, non me chegaron a despedir, e contrataron a outra persoa sen avisarme. Ese procedemento laboral está en fraude de lei», opina.

Landín ata cabos y ve detrás de la no renovación un conflicto ideológico. Dice que cuando la fichó el BNG «non había problema» para pedir horas no retribuidas en el trabajo para acudir a actos políticos o a los plenos del Concello. Fue expulsada del Bloque en el 2015 pero la siguieron llamando porque aún no había renunciado al acta. Una vez en el grupo no adscrito, en el 2017, empezaron las malas caras por su exceso de horas perdidas en actos públicos. Recalca que cuando entró a trabajar en las campañas cumplimentaba 680 declaraciones mientras que en el 2017, último año en que prestó este servicio, superaba las 1.700, por lo que no la pueden tildar de trabajadora poco productiva. Añade que en este tipo de contratos temporales, tienen prioridad los más antiguos y que la CIG debió preguntarle primero por su disponibilidad. «De non collelo, xa podían chamar a outra pero nin me avisaron», dice. Por eso, reclama en el juzgado la nulidad del despido. Landín renunció a un trabajo temporal en su municipio o porque era incompatible.