El gobierno de O Porriño vuelve a contratar a dedo al asesor que motivó la condena de Francés

El Concello de O Porriño lleva más de diez años eligiendo a dedo a un profesional para redactar informes en materia urbanística. Parte con ventaja en el proceso de selección porque el Concello invita a participar a otros profesionales que no pueden sumar puntos por experiencia.

La alcaldesa, Eva García de la Torre, acaba de firmar el decreto por el que adjudica de nuevo a Marcial González Pillado la prestación de servicios de colaboración técnica con un presupuesto máximo de 36.000 euros y un precio unitario por informe de 90 euros. Tiene una vigencia de de dos años y la posiblidad de una prórroga.

La contratación se ha realizado de acuerdo con el procedimiento de negociado y sn publicidad. El Ayuntamiento no saca a licitación pública la plaza, sino que invita a otros dos profesionales a participar en la elección. El trabajador que viene ejerciendo desde hace más de diez años esta labor ha obtenido la máxima nota a poder sumar tres puntos de experiencia, mientras que los otros dos aspirantes no obtuvieron ningún punto en este aspecto. Este especialista continuará así desempeñando las funciones de asesor en el departamento de Urbanismo.

La alcaldesa de O Porriño explica que emite los informes para las nuevas actividades comerciales que se ponen en marcha en el Concello. Básicamente lo que hace es visitar comercios para verificar que se ajustan a la ley. Al parecer, no hay en la plantilla de funcionarios del Concello ningún trabajador que esté habilitado para realizar esta función. Es un servicio que viene prestándose de forma externa para el Concello desde más de una década. En el anterior gobierno del PP, los socialistas habían criticado la contratación de Diz Guedes como asesor por un importe de 29.000 euros. La alcaldesa señaló que ese caso no se puede comparar porque Diz Guedes era personal de confianza y el contrato del asesor urbanísico es una asistencia técnica.

Ilegalidades iniciales

Marcial González Pillado comenzó a hacer trabajos para el Concello en el año 2007 de manera ilegal. De hecho, fue uno de los asesores que motivaron la condena del exalcalde del BNG, Raúl Francés. Según la sentencia que apartó de la política al exregidor, Raúl Francés, contrató a este profesional sin ningún tipo de procedimiento administrativo para la realización de tareas de aesoramiento de actividaes industriales .

Después de prestar sus servicios al Concello, presentó facturas al cobro, sobre las que el interventor municipal presentó reparos, que fueron levantados por Francés, acordando su pago. Todas las facturas mensuales hasta enero de 2010 tuvieron siempre reparos del interventor porque se infringía la legislación administrativa de contratación, ya que no era un contrato menor.

Por este modo de actuar, un juez declaró a Raúl Francés autor de un delito continuado de prevaricación administrativa. La Audiencia Provincial confirmó la sentencia en diciembre del año pasado. El Concello cambió el procedimiento para continuar contando con los servicios de este asesor externo.

Cobrará 36.000 euros por hacer informes de los que no se encargan los funcionarios

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