La Xunta les da de plazo hasta enero y les advierte de multas de hasta 10.000 euros
28 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La incertidumbre vuelve a pesar sobre una pareja de O Porriño que tiene cinco hijos a su cargo. Hace 8 años se instalaron en un camino a ninguna parte de la parroquia de Torneiros, en una zona aislada del barrio de A Relva donde nunca han tenido problemas con nadie. Allí levantaron sus casetas y el camión que hace las veces de infravivienda. María Dolores Do Santos a duras penas iba sobreviviendo sacando su familia adelante con los únicos ingresos de una Risga de 600 euros. Su marido, enfermo con una obesidad mórbida, no puede trabajar.
Su suerte ha cambiado a peor a raíz de que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística les ha obligado a recoger todas su pertenencias y marcharse a otra parte, instándoles a devolver la finca, de 1.639 metros cuadrados, a su estado primitivo. La administración les ha dado un plazo que finaliza el próximo mes de enero para abandonar el lugar. En caso de que no lo hagan recibirán multas coercitivas de entre 1.000 y 10.000 euros o la ejecución forzosa del desalojo.
«¿Dónde vamos a vivir ahora?» se pregunta María Dolores, que lamenta que les echen del lugar sin que ni la Xunta ni el Concello les hayan ofrecido una alternativa residencial de urgencia al tener menores a su cargo. La prole de la pareja está compuesta por un bebé de dos meses y otros de 7, 9, 14 y 18 años de edad. La familia reclama una vivienda de alquiler social en el mismo municipio de O Porriño. Los niños están matriculados en el colegio público Antonio Palacios, donde se encuentran plenamente integrados. María Dolores no quiere que sus hijos pierdan el curso por culpa de este problema que han de solventar a la mayor brevedad posible para no verse en la calle de la noche a la mañana.
Denunciados
La administración es tajante en el cumplimiento de la legalidad urbanística de este terreno que está a pocos metros de distancia de un inmueble donde hasta hace poco tiempo estaba abierta al público una panadería que daba servicio a todo el barrio de Torneiros. Al parecer, fue un vecino que ya no vive ahí quien interpuso la denuncia en el Ayuntamiento.
El Concello de O Porriño puso en conocimiento de la APLU la existencia de unas obras consistentes en la instalación de casetas para uso residencial en un terreno de su propiedad.
El servicio provincial levantó un acta de inspección y se acordó incoar un expediente de reposición de la legalidad urbanística. La Xunta otorgó un plazo de 15 días hábiles a los ocupantes para que pudieran presentar las alegaciones oportunas para defenderse, pero los denunciados no presentaron ninguna reclamación. Al no haber aprovechado su derecho de réplica, al final la resolución se ha hecho firme y ya es irrevocable.
Se metieron a vivir en una caseta que, según la APLU, es «ilegalizable»
María Dolores afirma que si hubieran tenido dinero se hubieran comprado un terreno y construido una casa. Pero ante la escasez de recursos no tuvieron más remedio que apañarse con los pocos medios que tenían y adaptaron una caseta prefabricada para darle unos usos residenciales.
El inspector urbanístico aportó un informe en el que considera que las obras son ilegalizables por ser incompatibles con el ordenamiento urbanístico. Un informe del arquitecto municipal atestiguaba que las obras carecen de la licencia del Ayuntamiento.
Los terrenos están clasificados como suelo rústico apto para urbanizar, pero el planeamiento no contempla que esté permitida la instalación de casetas con usos residenciales. Se considera además que estas estructuras son ilegalizables, por lo que solo cabe su desaparición para reponer la legalidad. Concretamente se denuncia la instalación de una caseta metálica prefabricada colocada sobre una base de hormigón, la instalación de una caja de transporte de un camión, apoyada sobre el suelo mediante perfiles metálicos y un camión de tamaño medio de tres ejes, inmovilizado en el suelo mediante soportes metálicos. Allí viven porque de momento no tienen otro sitio a donde ir, ni dinero para pagar un alquiler, a pesar de que el tiempo apremia.