Jessica Iglesias, de Chandebrito, se enfrenta a la demolición de su hogar
27 sep 2023 . Actualizado a las 17:15 h.«Heredé la casa sin saber que tenía una orden de derribo y ahora me dejan sin ella y con una deuda de unos 50.000 euros que es el coste de la demolición». Es la situación que afronta Jessica Iglesias Prado, una vecina de Nigrán que el 10 de octubre deberá dejar entrar a los técnicos municipales en su casa para que redacten el proyecto de derribo por orden judicial. Su casa es una del grupo de casi sesenta propiedades que un vecino de Chandebrito denunció en el 2001 por distintas irregularidades.
La suya era por aquel entonces propiedad de su abuelo y Jessica la heredó tras su fallecimiento el pasado 9 de enero. Meses antes había hecho una donación en vida pero el usufructo era del matrimonio que la construyó y, desde febrero, en la casa residen Jessica con su marido y su hijo y su abuela. La vivienda, al igual que muchas de las que se construyeron en esta parroquia no tiene licencia municipal y está en suelo no urbanizable, pero tampoco tiene encaje en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). «En el Concello me dijeron que está en una zona de afectación de aguas, por lo que es la Xunta la única que puede hacer algo para salvarla», indica Jessica. La familia ha empapelado la propiedad en su intento por salvarla. En el frente de la vivienda hay dos pancartas de gran tamaño. «Somos una familia. Nos dejan en la ruina. ¿Somos la cabeza de turco?», se lee en una de ellas. Sobre el muro de cierre está la segunda, de varios metros también de largo con la frase: «Paremos el derribo. Paremos la injusticia, Stop Derribo».
El concejal de Urbanismo, Diego Moreira, indicó que han de cumplir con las órdenes judiciales. «No nos queda más que acatar las resoluciones judiciales que ordenan demoler a raíz de que el denunciante instó la ejecución de derribo del 2001». El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo dictó al Ayuntamiento la orden del demolición en el 2019 y, aunque el Concello la recurrió, el TSXG la confirmó. Acudieron también en casación hasta el Supremo, confirmó Diego Moreira, «pero no admitieron el recurso, confirmándose la firmeza de las órdenes de ejecución». «Entendemos que es una situación personal complicada, pero no tenemos ya más opciones», confirmó el concejal de Urbanismo.
El presidente de los comuneros y los vecinos, Víctor Vidal, trasladó el «respaldo absoluto y apoyo» de la parroquia a la familia. Vidal insistió en que los afectados «no queremos que nos legalicen las casas, sino que se nos permita legalizarlas». «Son veintidós años de sufrimiento, no solo económico. Hay gente a la que le está costando la salud», advirtió. A día de hoy, apunta, hay unas dieciocho casas pendientes de derribo y, «aunque agradecemos la buena voluntad del gobierno local, hasta ahora, son solo palabras. El nuevo PXOM solo ampara a dos o tres casas». Los afectados han acudido al TSXG para la posible prescripción.