Hoy en día ya están en la calle
01 feb 2017 . Actualizado a las 04:00 h.Manuel Lorenzo y Jesús Vela, agentes del Cuerpo Nacional de Policía, eran detenidos el 1 de febrero de 1994 acusados del asesinato de empresario David Fernández, su mujer Pilar Sanromán, Marta, la hija de ambos y la asistenta de hogar, Ana Isabel Costas. El día anterior, los policías, vestidos de uniforme, se presentaron en el domicilio del empresario en Nigrán. Amordazaron al matrimonio, sus tres hijos y la empleada del hogar. Durante la noche les sometieron a vejaciones y les exigieron una enorme cantidad de dinero.
Ya de día, el empresario, que entonces era vicepresidente del Real Club Celta de Vigo, pidió a un empleado que retirase la cantidad de dinero exigida y la llevase a su casa. Con el dinero en la mano, los policías asesinaron a las cuatro personas pero no pudieron matar a los dos hijos, que lograron huir. Con estos testigos, la detención se produjo ya el mismo día.
En 1996, la Audiencia Provincial de Pontevedra condenó a los asesinos a 212 años de carcel, tras hallarles culpables de seis delitos de detención ilegal, tres de asesinato, uno de robo con homicidio y dos de homicidio en tentativa.
Años después hubo una enorme indignación en Vigo, cuando fue visto uno de los autores del crimen paseando, cuando disfrutaba de un permiso. Tras todo el movimiento que generó este permiso, los abogados de la familia de las víctimas logró que les aplicaran a los dos condenados la doctrina Parot, de cumplimiento total de la condena. Misma estrategia que se seguía con los condenados por terrorismo. Sin embargo, en el año 2013, los dos salían de la cárcel tras haber cumplido 19 años. Los dos autores de los asesinatos se beneficiaron de la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que anulaba la sentencia Parot, de la que también se estaban aprovechando numerosos condenados por terrorismo. Este tribunal les ahorraba otros diez años más de cárcel.
Esta medida volvió a provocar una enorme indignación en Vigo, que llevó a muchas personas a manifestarse ante la Audiencia de Pontevedra