Considera que el Ayuntamiento ha hecho una «grave dejación de funciones»
03 dic 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Pontevedra ha condenado al Concello de Mos a tramitar las denuncias de un vecino contra la actividad de una empresa en el polígono de Arrufana «incoando los expedientes sancionadores y de reposición de la legalidad correspondientes».
La sentencia se produce tras las denuncias presentadas por Manuel Rodríguez Alonso en relación a la actividad de la empresa Rube Productos Técnicos.
El juez señala que el demandante viene denunciando de forma reiterada en el tiempo la «actividad ilegal de Rube, situada en Tameiga, contraviniendo sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia». Esta sentencia confirmaba una resolución del juzgado que mandaba reponer la legalidad urbanística en relación con la actividad de gestión y almacenamiento de residuos industriales y venta de productos químicos de la citada nave, que se encuentra en suelo clasificado como rústico de especial protección forestal.
La licencia concedida en su día fue para actividades agropecuarias «sin que se desarrolle actividad alguna relacionada con este sector, sino que la actividad es la de gestión y almacenamiento de residuos industriales».
El tribunal dice que este uso no es autorizable en el suelo donde se encuentra por lo que «debe ser impedido por el Concello demandado».
Esta acumulación de residuos químicos en la parcela no fue denunciada solo por este vecino, que recibió tratamiento psicológico por el trasiego continuado de camiones con sustancias peligrosas. También la asociación de padres y madres de alumnos del colegio Peña de Francia denunció la actividad que se registraba en dicho lugar. El juzgado señala que las denuncias se vienen formulando desde el año 2009. La Justicia pone de relieve que hubo «omisión del Ayuntamiento para solucionar las denuncias presentadas «sin que se entienda por qué no se ha hecho nada ante la actividad insalubre y contra el Medio Ambiente que se realiza en Rube».
La idea inicial de la empresa era instalar una nave para realizar estas actividades con residuos químicos «pero o se le concedió licencia para ello». «Después el Ayuntamiento no hizo el más mínimo esfuerzo para reponer la legalidad urbanística», dice el fallo del juzgado de Pontevedra.
En el año 2011 el demandante interpuso contencioso administrativo «resultando vencedor», dice el juzgado, pero nuevamente, «ante la continuación de la actividad ilegal ha tenido que venir denunciando la situación, sin que el Concello haya sancionado a la infractora ni obligado a la misma a cumplir las normas medioambientales y urbanísticas vigentes, lo cual constituye una grave dejación de funciones».