El alcalde niega ilegalidades en las contrataciones y amenazas a la empleada
14 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Después de que la ya exsecretaria e interventora del Ayuntamiento de Mondariz denunciase en un escrito que el Concello adjudicó a dedo el contrato del proyecto de la plaza de abastos, el gobierno local decidió encargar un informe a empresas externas para demostrar la legalidad del procedimiento. «Ese informe elaborado por un catedrático de Santiago avala a legalidade das contratacións», asegura el alcalde, Xoán Carlos Montes. El gobierno de Alternativa por Mondariz encargó el dosier a la compañía Galivalia, que tiene al frente a Javier Ferreira Fernández, secretario xeral e de relacións institucionais de la Vicepresidencia de la Xunta encabezada por Anxo Quintana (BNG). La oposición denuncia que estos informes le costaron al Concello alrededor de 3.000 euros.
La ya exempleada municipal, Ana Isabel Miniño, relata en su escrito que se le entregó «una carpeta con tres empresas a las que se deberían de invitar a participar y fue en aquel mismo entonces cuando me negué a hacer un procedimiento negociado», explica. Emitió un informe en el que advirtió de la no conveniencia de hacer un procedimiento negociado sin publicidad. «A pesar de mis advertencias, no se quiso entender», asegura Miniño. Fue entonces cuando emitió un informe denunciando la ilegalidad del procedimiento, lo que provocó que la Xunta denegase la subvención de 33.000 euros para el proyecto del mercado de abastos.
El gobierno de Mondariz considera injusto que se le denegase esa ayuda. El regidor, Xoán Carlos Montes, asegura que existen cuatro Concellos que realizaron el mismo procedimiento de contratación y que a estos sí que se les concedió la ayuda. «As secretarias destes Concellos emitiron un informe favorable, non consideraron que houbese nada ilegal», asegura el regidor, dejándole así un recado a su exinterventora, que abandonó el cargo que ocupaba de forma interina después de que se resolviese el concurso público que adjudicó definitivamente la plaza a otra persona. «Claro que non a apartamos polo escrito que presentou», añade el regidor.
El gobierno local está barajando la posibilidad de llevar a Ana Isabel Miniño a los tribunales por las acusaciones vertidas en ese escrito, que fue presentado en el registro municipal y entregado a todos los grupos de la oposición. Miniño no solo denunció adjudicaciones a dedo de varios proyectos, sino también contratación de personal en el Concello sin pasar ningún tipo de proceso de selección.
Tras la baja en enero del agente de desarrollo local del Concello, la exempleada asegura que se contrató a su sustituto sin realizar ninguna entrevista personal ni ningún proceso de selección. Se le pagó por su trabajo 2.300 euros sin haber acordado ningún horario con el Concello. «Entraba y salía cuando quería», recuerda. La factura del pago a este «supuesto autónomo» fue reparada por la interventora dado que, según ella, era una contratación ilegal. El alcalde defiende que «foi unha persoa que fixo un servicio moi puntual para o Concello porque non tiñamos capacidade de contratación de persoal. Non era unha cuestión de saltarse a legalidade en absoluto».
Miniño denunció también varias amenazas tanto por parte del regidor como de su segunda de abordo, la teniente de alcalde, Mónica Peralba. Tras el informe donde denunciaba las irregularidades en la adjudicación del contrato de la plaza de abastos, Miniño asegura que Peralba le amenazó diciendo que si se perdía la subvención irían a por ella. «También se me amenazó con la posibilidad de abrir un expediente disciplinario por haber remitido un certificado a la Xunta sin el visto bueno del alcalde». El gobierno niega estas acusaciones.