Vive con sus tres hijos, está en paro y debe 7.000 euros impagados de su alquiler
21 dic 2016 . Actualizado a las 07:48 h.Nuria Rus (36 años) y sus tres hijos decidieron no esperar al 17 de enero para perder su vivienda, un piso que tenían alquilado en Torrecedeira y del que iban a ser desahuciados por orden judicial ante el reiterado impago del recibo mensual. Consciente de que las cartas estaban echadas, y de que el lanzamiento era imparable, esta madre de familia monoparental (está separada y a cargo de sus hijos) aprovechó la concesión de una ayuda municipal de emergencia y un alquiler a su alcance para marcharse por voluntad propia.
No obstante, es consciente de que la deuda sigue pendiente, y que debe más de 7.000 euros a su anterior arrendatario. En concreto, 6.921 de impagos parciales de alquiler de los últimos tres años (según los ingresos de que disponía afrontaba parte del recibo), más los gastos y costas judiciales que decida el juez.
«Se que no podré salir de mi situación si no encuentro un empleo, pero está siendo muy difícil», reconoce. Es su esperanza para acabar con su actual calvario, aunque es también consciente de las dificultades existentes.
Difícil inserción
En los últimos años ha desempeñado diferentes ocupaciones, (empleada de hogar, limpieza de edificios o camarera) y señala que en algunos trabajos permaneció temporadas largas. En concreto, más de tres años trabajando en una casa, pero finalmente perdió el empleo. «Desde el año pasado no he parado de buscar, sin resultado», concluye. Del mercado laboral la sacó abruptamente una operación, después de la cual no ha vuelto a lograr una ocupación que le permita estabilizar su vida y la de sus hijos.
En estas circunstancias tan complicadas uno de los apoyos que le han permitido salir adelante son las bolsas de comida que quincenalmente le aporta la organización AFAN, vitales en su caso. Ahora está tramitando el bono alugueiro de la Xunta, que también puede ser un salvavidas. Si lo obtiene, logrará por esta vía 200 euros mensuales durante un año, prorrogable a dos, con los que resolvería la mitad del importe de su alquiler.
Y mientras hace cuentas y cálculos para salir adelante tiene en casa tres hijos adolescentes a su cargo. El mayor, de 21 años, discapacitado psíquico, estuvo hasta hace poco tiempo ingresado en el centro San Rafael, pero allí los 21 años son la fecha tope para seguir, explica su madre.
Junto al varón tiene a su cargo a sus dos hijas menores, de 17 y 14 años, ambas escolarizadas y cursando estudios sin novedad. La mayor segundo de bachillerato en el instituto Santa Irene y la menor en el colegio Labor. En resumen, cuatro adultos en total a los que es resulta difícil mantener con sus escasos ingresos. «De hecho, en el nuevo piso tenemos dificultades. Traje los muebles que tenía, que son pocos, y estos días tenemos que apañarnos comiendo sobre la encimera de la cocina a falta de mesa», aunque es un problema menor, para nada comparable con la dificultad de financiar un techo para su familia.
Una ayuda municipal evita que Nuria Rus quede en la calle
El cheque social ha sido providencial para Nuria Rus, al menos para resolver momentáneamente su difícil situación. Con un desahucio señalado a fecha fija, sin empleo, y sobreviviendo con la ayuda que percibe por la discapacidad de su hijo mayor (365 euros) y los 300 euros que le pasa el padre de sus hijos, que este mes no le ha llegado. Por ello, la concesión de esta ayuda puntual del Concello (1.426 euros) le ha permitido iniciar una nueva etapa en Castrelos.
«Encontré una vivienda en Castrelos al mismo precio que la anterior, 430 euros, con la ventaja de que no exigían avales. Gracias a ello, con el dinero municipal he podido pagar la primera mensualidad y la fianza», explica medianamente satisfecha.
Sus dudas se deben a que el problema de fondo sigue sin resolver. «Cuando pase este mes volveré a estar en la misma situación, sin dinero para hacer frente a los gastos mínimos para atender a mis tres hijos. No me llega para el alquiler más los gastos obligatorios de luz, agua y gas, comida y ropa».
En su caso hubiera sido providencial disponer de una vivienda pública, bien de la Xunta o del Concello, en calidad de alquiler social. Pero hace meses que el Gobierno gallego liquidó los últimos pisos de que disponía en Vigo, y los recientes casos graves a los que prestó ayuda tuvieron que instalarse en Moaña y Tomiño. Desde el lado municipal no se ofrecen viviendas ya que las únicas en su poder, una quincena en Rosalía de Castro, ha decidido venderlas pese a las protestas que ha provocado.