La Xunta no prevé demoler aún las siete casas ilegales de Gondomar

La Aplu dice que los propietarios aún pueden recurrir y el Concello los respalda


gondomar / la voz

El fantasma de la piqueta se aparte, de momento, de las siete casas ilegales de Morgadáns con orden de derribo. El director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu), José Antonio Cerdeira, confirmó ayer al edil de Urbanismo de Gondomar, Antonio Araúxo, que no está prevista de forma inmediata la demolición de ninguna vivienda en esta parroquia.

El responsable de la agencia aseguró en el encuentro que los dueños de las propiedades con expedientes abiertos por infracción urbanística en Morgadáns todavía tienen recurso en vía administrativa o judicial. «La Aplu no va a acometer ninguna demolición mientras no se cierren los tramites de los expedientes ya que, si se aportan soluciones a la legalización, dentro del marco normativo, no llegarían a ejecutarse», indicó José Antonio Cedeira.

Araúxo y el responsable de la Aplu analizaron cada uno de los siete expediente y sus posturas sobre el caso difieren. El primer teniente de alcalde indicó que «nós non defendemos a infractores nin promotores ou especuladores senón a veciños humildes, moitos sen recursos, atrapados nun bloqueo urbanístico que como administración temos a obriga de lle resolver».

Cedeira señala, sin embargo, que «no se trata en su totalidad de viviendas familiares de personas con escasos recursos, ya que hay expedientes relativos a segundas residencias, viviendas en construcción paralizadas o casas prefabricadas. El responsable de la Aplu afirmó que alguno de los expedientes «fueron iniciados precisamente a raíz de una denuncia del propio Concello».

Araúxo puntualizó este extremo, señalando que «el Concello solo tramitó denuncias de otros particulares». Uno de los afectados se entrevistó también con José Antonio Cedeira y, según esta agencia de la consellería de Medio Ambiente, «él mismo reconoció el error de haber construido sin licencia en el entorno de una capilla protegida patrimonialmente a la vez que le confirmó que iniciaría los trámites para evitar la demolición».

Cedeira negó la «persecución política» de la que acusó a la Aplu el gobierno local y recordó que la última inspección de oficio realizada fue en el último trimestre del 2014.

El gobierno local considera que las viviendas, sin licencia y ubicadas en núcleos urbanos sin delimitar, son legalizables. Tres de ellas, en el núcleo de Campo Grande, dependen tan solo de que se concluya la delimitación del núcleo, pendiente de informes sectoriales. Insiste en que es cuestión de menos de un año el tiempo que precisan para legalizar la mayoría.

El propio Concello tramita abogados de oficio y el concejal de Urbanismo se ha comprometido personalmente en la causa sin descartar llegar a acampar en la Aplu «se non se frea esta inxustiza». En algunos casos, sostiene Araúxo, los afectados llegaron a pagar hasta 12.000 euros en permisos para conseguir las licencias. El gobierno local ha remitido a todos lo grupos con representación parlamentaria un documento explicando la situación y pidiendo su apoyo.

«Nós non defendemos a infractores nin promotores ou especuladores, senón a veciños humildes»

Antonio Araúxo

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